Por unanimidad, con 433 votos, se avaló este dictamen que surge de una iniciativa presentada el pasado 4 de marzo por los diputados priistas Alejandra del Moral Vela, José Alberto Rodríguez Calderón y Héctor Gutiérrez de la Garza; la cual se turnó al Senado para su análisis y eventual ratificación.
Al presentar el posicionamiento del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rodríguez Calderón explicó que se castigará como delito tanto la acción respaldada en el cohecho como la omisión.
En la reforma a la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen el Procedimiento Penal, se establece que el programa federal en la materia tendrá aplicación cuando disposiciones de tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, establezcan expresamente la obligación de proporcionar dicha protección.
En el documento se establece que el delito de cohecho lo comete el servidor público que por sí, o por interpósita persona, solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, así como que acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto relacionado con sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión que desempeña.
La medida contempla de igual forma a los servidores públicos extranjeros y a las personas que de manera espontánea den u ofrezcan dinero o cualquier otra dádiva a algún servidor público para que haga u omita un acto relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión.
Con los cambios a los Artículos 222 y 222 Bis del mencionado Código y el artículo 13 de la Ley mencionada, también se adecua la legislación mexicana a lo establecido por la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.