La reunión empezó con la petición del diputado Gustavo Hasbún, de ultraderecha, de un minuto de silencio en solidaridad con el pueblo venezolano, por “la violencia política que ha provocado la muerte de mucha gente inocente”.
Pero el senador opositor Alejandro Navarro, presidente de un movimiento izquierdista, indicó que un grupo de parlamentarios solicitó una reunión con Maduro porque “vemos que en esta iniciativa de la oposición venezolana, que tiene un fuerte factor externo, hay elementos calcados de la ofensiva que se hizo contra (el presidente) Salvador Allende, que culminó con un golpe de estado, con abierta intromisión extranjera”.
Maduro asistirá en Chile a la asunción a la presidencia, por segunda vez, de Michelle Bachelet, en un acto que se realizará el 11 de marzo.
Pero incluso dentro de las facciones de izquierda hay divisiones entre algunos que defienden a Maduro y otros que critican su gobierno.
La oficina de prensa de la Cámara Baja precisó que el primer proyecto de acuerdo aprobado, por 67 votos a favor, uno en contra y una abstención, fue presentado por diputados de la oposición de centroizquierda, y demanda al régimen de Maduro “que contribuya de manera efectiva al pleno respeto de los derechos humanos en Venezuela”, especialmente el referido a la libertad de expresión y la liberación del líder opositor Leopoldo López.
El segundo proyecto, de diputados de ultraderecha, recibió 49 sufragios a favor, 19 en contra y dos abstenciones, pide al presidente chileno Sebastián Piñera que le demande a Maduro un enérgico rechazo a las violaciones de los derechos humanos.
Pide además una “acción más decidida” de la OEA y que Chile promueva la inmediata liberación “del dirigente político Leopoldo López y de los estudiantes detenidos de manera injusta y arbitraria”.
El último proyecto, de diputados de centro derecha, aprobado por 43 votos a favor, 10 en contra y una abstención, solicita a Piñera presentar en la OEA “su absoluto rechazo a las violaciones a los derechos humanos, persecuciones por ideas, represión ilegal y ejercicio de la violencia armada”.
También le pide a Piñera requerir a la OEA un pronunciamiento contundente contra las violaciones a los derechos humanos y el envío de observadores internacionales para asegurar el respeto a los derechos consagrados en la legislación interna venezolana.
Un proyecto de acuerdo sería más bien simbólico y se informará al presidente Sebastián Piñera para que realice algún acto o medida, pero el mandatario no está obligado a realizarla.