En este sentido, el presidente de la Comisión de Transportes, Juan Carlos Muñoz Márquez, explicó que esas modificaciones permitirán certificaciones más fáciles y de mayor calidad.
“Uno de los temas que más nos ayudará es en el de cabotaje en la aeronavegabilidad. La simulación de los empresarios o de aeronaves extranjeras, que de manera ilegal prestaban servicios, el servicio de taxi a nacionales y haciendo cabotajes en rutas internas, cosa que está estrictamente fuera del Tratado de Libre Comercio”, indicó.
Asimismo, añadió el legislador, permitirá a la iniciativa privada invertir en aeródromos de una manera más simple y sencilla, de manera que permita mayores alternativas y menor regulación para lograr aeropuertos más cerca.
“Estamos reduciendo el rango a 10 millas”, expuso el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), lo cual permitirá vuelos visuales y aeropuertos que permitan una mejor alternativa y, por ende, una disminución en los costos y una competitividad para el país.
Precisó que los talleres que den el servicio se podrán certificar de una manera más fácil y tendrán mayores facilidades.
A su vez, el diputado de Nueva Alianza, José Angelino Caamal Mena, explicó que el propósito de esa iniciativa es favorecer la industria aérea nacional y evitar permisionarios sin un tratamiento regulatorio uniforme para los extranjeros que prestan servicios de transporte aéreo privado comercial en territorio mexicano.
Además moderniza los mecanismos de reconocimiento de los talleres aeronáuticos y centros de capacitación que brindan sus servicios a aeronaves y a las tripulaciones mexicanas en el extranjero. “Con esta medida garantizamos una competencia justa y una mayor productividad dentro del sector”.
Por el Partido del Trabajo (PT), Ricardo Cantú Garza, detalló que el dictamen prevé integrar un capítulo 15 Bis a la Ley de Aeropuertos para regular el cabotaje existente en el territorio nacional.
“Con estas medidas será posible la aplicación de multas derivadas de una mala práctica, toda vez que la intención es terminar con los excesos de la sobrerregulación del sector”, subrayó.
El diputado José Soto Martínez, de Movimiento Ciudadano, consideró que en México resulta excesivamente costosa la operación del servicio de taxis aéreos debido a la sobre-regularización, por lo que se debe evitar que existan permisionarios extranjeros que presten dicho servicio en territorio nacional.
A su parecer, el cabotaje ha perjudicado a la industria aeronáutica nacional, porque ha provocado “un trato diferenciado entre las aeronaves extranjeras y las nacionales, proporcionando a las primeras un trato preferencial facilitando la operación de aeronaves extranjeras sin cumplir con las obligaciones asignadas a las locales”.
Mario Francisco Guillén Guillén, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), subrayó que es necesario prohibir a permisionarios que realicen prácticas de cabotaje en territorio nacional, imponiendo sanciones a quienes no cumplan esta disposición, revocando concesiones o una multa desde 10 mil hasta 25 mil salarios mínimos.
El diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), declaró que actualmente en México hay registradas casi mil 600 aeronaves matriculadas como taxis aéreos.
Por ello, aseguró, es necesario realizar una revisión a fondo, no sólo de los permisionarios extranjeros, sino también de los nacionales para incorporarlos a la reglamentación modificada.
“La iniciativa representa una buena oportunidad para revisar la antigüedad de la flota aérea comercial privada y también la no comercial, para incorporar la creación de figuras jurídicas que contemplen su renovación, como medida indispensable de seguridad para el espacio aéreo mexicano”, sostuvo.
El diputado panista Rafael Acosta Croda, pidió que los permisionarios extranjeros que prestan servicio de transporte aéreo privado comercial en territorio nacional que brinden cabotaje indebido, deben recibir sanciones como la revocación del permiso e, incluso, la inmovilización de la aeronave como garantía del pago de la multa.
“En relación con la vigencia del certificado de aeronavegabilidad, es conveniente extender su vigencia a dos años, sujeto a que la aeronave cumpla plenamente los requisitos de mantenimiento” agregó.
Por último, el diputado del PRI, Hugo Mauricio Pérez Anzueto, resaltó que con las reformas aprobadas se implementará un programa estatal de seguridad operacional, el cual tendrá como finalidad alcanzar un nivel óptimo en lo relativo a la seguridad en las operaciones aéreas.
“La prohibición de las prácticas de cabotaje realizadas por permisionarios extranjeros que prestan servicios de transporte aéreo privado comercial en territorio nacional protegerá a los prestadores nacionales de este servicio frente a la competencia, en muchas ocasiones desleal”, concluyó.