El controvertido fallo judicial que pudiera despojar de su ciudadanía a los hijos de inmigrantes en la República Dominicana sigue dando de qué hablar. Funcionarios de amabas naciones sostienen un diálogo sobre diversos temas, incluida la desnacionalización.
El primer ministro haitiano Laurent Lamothe y varios miembros de su gabinete dialogarían con funcionarios dominicanos sobre cuestiones de comercio, migración y seguridad en un encuentro en la ciudad fronteriza haitiana de Ouanaminthe. Los dos países comparten la isla caribeña de La Española.
Lamothe y Gustavo Montalvo, jefe de gabinete del presidente dominicano, se saludaron y posaron para los fotógrafos en un encuentro que fue transmitido por televisión. Ninguno respondió a las preguntas de la prensa.
El enfoque central de la reunión es un fallo de un tribunal dominicano en septiembre que amenaza con despojar de la ciudadanía a personas que viven en la República Dominicana y que en su mayor parte son de ascendencia haitiana. Pudieran ser enviadas a Haití a pesar de que no nacieron en esa nación.
Autoridades dominicanas dijeron la semana pasada que sólo planeaban discutir asuntos de comercio, fronterizos y seguridad pero no la decisión del tribunal.
La decisión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana afirma que a la gente que nació en el país después de 1929 de padres extranjeros que vivían sin autorización en territorio dominicano no se le concede la ciudadanía en forma automática.
Algunos grupos defensores de los derechos humanos han expresado su indignación por el plan y el fallo, del que afirman podría provocar que aproximadamente 200.000 personas pudieran perder su ciudadanía, la mayoría de ascendencia haitiana. El gobierno sostiene que sólo unas 24.000 se verían afectadas.
La reunión del martes se programó después de unas conversaciones sostenidas en Venezuela en diciembre en las que el presidente haitiano Michel Martelly y su homólogo dominicano Danilo Medina acordaron intentar solucionar las tensiones derivadas de la decisión de la corte y otras diferencias.
Se espera poco de la reunión, a la cual no se ha permitido el acceso de los medios de comunicación y está siendo observada por representantes de las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Comunidad del Caribe. El gobierno dominicano sostiene que el fallo de la corte no puede ser apelado, y las autoridades dominicanas y haitianas deben hallar una forma creativa de anular la decisión.
Haití y la República Dominicana tienen una larga historia de fricciones. En los últimos años ambos países parecían sostener una mejor relación después de que el gobierno dominicano se apresuró a ayudar a su vecino tras un devastador terremoto en 2010, pero ésta comenzó a deteriorarse el año pasado después de que el gobierno en Puerto Príncipe prohibió la importación de gallinas y huevos provenientes de Dominicana.