México, 17 Ene (Notimex).- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) exhortó a las distintas entidades del Estado mexicano a ampliar y garantizar la seguridad social a las personas que aún carecen de ella.
Ello, a raíz de las condiciones de pobreza y desigualdad que prevalecen en el país, sumadas al hecho de que más de la mitad de la población económicamente activa se desenvuelve en el sector informal.
La CDHDF aborda el tema del derecho a la Seguridad Social en el contexto de la desigualdad, colocándolo como uno de los factores decisivos para reducir la pobreza, la desigualdad y al mismo tiempo promover la inclusión social.
El organismo local señaló en un comunicado la necesidad de desarrollar políticas públicas con el fin de integrar un modelo de seguridad social que esté basado en prestaciones con estándares internacionales.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el Derecho Humano a la Seguridad Social se entiende como la protección pública que la sociedad proporciona a todas las personas, en caso de una enfermedad, accidente, desempleo, invalidez, vejez o muerte.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala que los países miembros de la ONU están obligados a reconocer el derecho a la seguridad social; en México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Ley del Seguro Social, garantizan a nivel nacional el derecho a la Seguridad Social.
En distintas colaboraciones para la revista Dfensor, publicada por la CDHDF, académicos y funcionarios de distintas dependencias aportaron su opinión sobre ese tema.
En el contexto de la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México, José Alfonso Bouzas Ortiz, consejero de la CDHDF, destacó la necesidad de terminar con la simulación laboral, con el fin de garantizar los derechos fundamentales de las y los trabajadores.
Las y los nuevos trabajadores han perdido la posibilidad de pretender la seguridad social, y si llegan a tener asistencia, será porque aportan significativas cantidades una empresa privada a la que son obligatoriamente adheridos, señaló Bouzas Ortiz.
En torno al mismo tema, el asambleísta Juan Gabriel Corchado Acevedo reconoció que muchas personas se sienten agobiadas por la incertidumbre de su futuro laboral, en la atención de la salud, en la cobertura de la seguridad social y en la disponibilidad de ingresos familiares.
El legislador señaló que esta situación es muy grave, ya que la seguridad es una responsabilidad fundamental del Estado.
Por otra parte, la secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, hizo énfasis en la discriminación y la desigualdad colectiva que afectan los derechos del sector indígena.
José Ramón Amieva Gálvez, secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México, señaló que otorgar la protección más amplia a las personas y revertir la desigualdad son dos de las premisas primordiales en la dependencia que encabeza.
El presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Carlos Ramírez Fuentes, sostuvo que, si bien el sistema de pensiones en México ha sentado las bases para garantizar el derecho a la seguridad social y de jubilación, aún persisten grandes retos para fortalecerlo y consolidarlo.