México, 16 Ene (Notimex).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a los gobiernos de Puebla e Hidalgo por el caso de una mujer indígena náhuatl y su hija, quien murió al nacer por una negligencia médica.
En la recomendación 58/2016, el organismo nacional acreditó como responsables a diversos médicos del Hospital General de Tulancingo, en Hidalgo, debido a la inadecuada vigilancia y dilación en la resolución obstétrica de practicar una cesárea a la víctima de 21 años de edad.
Señaló que la mujer presentaba 31 semanas de embarazo, lo que desencadenó complicaciones en el estado clínico del producto en gestación y ocasionó que falleciera luego de nacer.
Además, indicó, a la paciente le fue colocado un dispositivo intrauterino sin su consentimiento, lo que constituyó un acto de violencia obstétrica y una afectación a su derecho a la libertad y autonomía reproductiva.
De acuerdo con el expediente CNDH/4/2015/8214/Q, la agraviada llegó a ese nosocomio después de acudir al Hospital Integral de Pahuatlán de Valle, en Puebla, donde un servidor público le comunicó sería conducida al Hospital General de Huauchinango por falta de especialista para atenderla.
Sin embargo, la CNDH detalló que el traslado no pudo hacerse ya que no existían las condiciones materiales ni de personal para llevarlo a cabo.
El organismo defensor solicitó a ambos gobiernos proveer a esos hospitales de especialistas en ginecología, obstetricia y pediatría, a fin de atender de manera eficaz y oportuna las urgencias obstétricas del turno nocturno, y contar con el servicio de ambulancia.
Recomendó al gobierno de Hidalgo reparar el daño a las víctimas e incluir una compensación y rehabilitación, otorgar atención médica de seguimiento a la mujer y su esposo e inscribirlos en el Registro Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Además, deberá hacer campañas de difusión sobre derechos sexuales, reproductivos y métodos de planificación familiar y colaborar en el procedimiento administrativo que se inicie contra los médicos involucrados ante la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo.