El toque de queda, de 7 de la noche a 5 de la madrugada, junto con la prohibición de venta y consumo de alcohol, fue acordado la víspera por las autoridades municipales de la localidad de Florencia, en el departamento de Caquetá y a unos 380 kilómetros al suroeste de la capital de Colombia.
“Son medidas de prevención… para garantizar la seguridad de los 200.000 habitantes” de Florencia, dijo el martes en diálogo telefónico con The Associated Press José Eduardo Manjarrés, secretario de gobierno de esa localidad, donde permanecen al menos 6.000 campesinos apostados en tres distintas vías de ingreso a la población desde el 26 de agosto.
Los manifestantes, que han taponado con piedras, palos y alambres las vías, son pequeños productores de leche y carne de Caquetá que mantienen los mismos reclamos que otros cultivadores en otros puntos del país desde el 19 de agosto y con los que el gobierno ha negociado por grupos para lograr el levantamiento de algunos bloqueos, los más intensos en el centro del país y que cesaron el viernes.
Los campesinos piden desde la entrega de subsidios para compensar las pérdidas provocadas por los altos costos de producción y los bajos precios de venta, hasta una mesa de diálogo nacional para discutir políticas agrarias, así como restricciones a la importación de productos agrícolas que van desde derivados de leche a papas procesadas.
Al reclamo de esos grupos se sumó el de sindicatos de camioneros que transportan carga y que mantienen estacionados en garajes, pero sin cerrar vías, al menos 280.000 camiones, mientras sus dirigentes intentan negociar con el gobierno una rebaja de al menos 2.000 pesos (cerca de un dólar) en el precio del galón de diésel que cuesta en promedio unos 8.000 pesos (unos 4,2 dólares) porque aseguran que tal precio los hace trabajar a pérdida.
Los camioneros también exigen al gobierno que imponga tarifas mínimas para el transporte de carga de la misma manera que existen precios mínimos para el transporte de pasajeros en buses o en taxis, explicó Alejandra Vaquero, presidenta de la Asociación de Transportadores de Carga, uno de los tres gremios en paro.
Esos precios mínimos se están negociando con el Ministerio de Transporte, mientras aún no se avanza en un acuerdo sobre el precio del combustible porque el gobierno mantiene su propuesta de suspender hasta diciembre los aumentos mensuales que rigen actualmente. “Eso no nos ayuda… perdemos menos (dinero) con los vehículos parados”, agregó Vaquero en entrevista telefónica con la AP.
Para poner fin a una serie de protestas, algunas a inicios de año, el gobierno ha recurrido a distintas medidas como desembolsos de dinero, cuyo monto total aún no ha informado. Desde 2010 hasta lo que va de año el gobierno sostiene que ha entregado 4 billones de pesos (unos 2.100 millones de dólares) en subsidios directos y apoyos para el sector agropecuario.
Tal solución de entregar subsidios “no me parece sencilla… tiene implicaciones fiscales importantes”, dijo telefónicamente César Ferrari, profesor del departamento de Economía de la Universidad Javeriana, en Bogotá. “Mientras no se resuelva de forma integral la cuestión de la competitividad… de las unidades agropecuarias, eso va a ser difícil resolverlo a punta de subsidios” porque “el fisco colombiano no tiene la capacidad del fisco norteamericano”.