Cristina Fernández, lejos de aplicar un ajuste al gasto público como piden muchos economistas, ratificó el rumbo de su modelo populista en un mensaje televisado a todo el país por cadena nacional, en el que también pidió a la ciudadanía controlar los acuerdos de precios firmados con las cadenas de supermercados, amenazó con quitar subsidios a los que compran dólares para atesoramiento y reclamó “coherencia” a los sindicalistas poco después de que comenzaran negociaciones salariales anuales que prometen un escenario de conflictividad social.
La mandataria anunció un incremento de las jubilaciones de 11,31% a partir del 1 de marzo, con lo cual el haber mínimo pasará a 2.757 pesos (344 dólares). El gobierno está obligado por ley a otorgar dos aumentos anuales en jubilaciones y pensiones. El próximo será en septiembre.
“Algunos economistas de las cadenas del desánimo llaman medidas populistas o de expansión económica que dicen provoca inflación… Nosotros no somos liberales, creemos en el crecimiento y desarrollo de la economía a partir del consumo popular y de la inversión empresarial”, dijo Fernández. Fernández también confirmó un aumento de 200% a 510 pesos (63 dólares) del monto que recibe al año un trabajador en concepto de ayuda escolar por cada hijo.
Los anuncios se producen en un contexto de fuerte incremento de la inflación luego de una devaluación del peso del 17% hace dos semanas, la mayor en la última década. Si bien el gobierno apuntó contra algunos grupos económicos, lo cierto es que la depreciación del peso fue avalada en parte por el propio Banco Central al no intervenir durante dos días en el mercado de cambios.
Como la economía argentina tiene atados sus precios al dólar, esta devaluación tuvo un fuerte impacto en los precios de todos los rubros, lo cual aceleró la inflación, que en 2013 fue del 28%.
El gobierno ha intentado frenar estas alzas a través de acuerdos de precios con distintos sectores, como supermercados, electrodomésticos y de la construcción, aunque la sensación generalizada en la población es que los aumentos no tienen control. “No vamos a permitir que sigan saqueando los bolsillos de los argentinos”, advirtió Fernández. “Sería bueno que aumentaran las inversiones y no sólo los precios”, dijo a los empresarios.
Luego Fernández se refirió a la reciente flexibilización en las trabas para la compra de dólares para ahorro. Dijo que se autorizaron hasta el momento operaciones por 223 millones de dólares, solicitadas por medio millón de trabajadores registrados.
El dato le dio pie a la gobernante para cuestionar a los sindicatos, que lanzan duras críticas contra su gestión por el impacto de la inflación en los bolsillos de los trabajadores y que advirtieron pedirán como mínimo un aumento del 30% en la ronda de negociaciones salariales por actividad que se lanzarán este mes.
Fernández también deslizó la posibilidad de quitarle los subsidios en las tarifas de servicios públicos a quienes puedan destinar el 20% de su salario neto a la compra de dólares. “No es justo que alguien que compra dólares tenga subsidios de gas y luz… Es la equidad hacia donde tiene que tender la sociedad”, enfatizó la presidenta.