Ello, mientras la Sala III de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) analiza el proyecto, que le fue consultado por la Asamblea Legislativa (parlamento unicameral), según las versiones, que citaron al ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides.
El retiro se hizo a solicitud de un diputado oficialista, quien encabeza la Comisión Plena Tercera, indicaron los medios. El grupo de trabajo es una de las comisiones parlamentarias que, al igual que el Plenario Legislativo, tiene potestad para aprobar o rechazar proyectos de ley, lo que agiliza el funcionamiento del Congreso.
Se trata del Proyecto de Ley de Mecanismos Electrónicos de Seguimiento en Materia Penal, que apunta a regular el uso de brazaletes electrónicos en reclusos y en personas a la espera de juicio como sospechosas de haber cometido delitos.
En su sitio en internet, el diario La Nación informó que Benavides explicó al periódico que “el plan se desconvocó de manera temporal hasta que el Poder Judicial emita un pronunciamiento con respecto al () texto”. Las versiones periodísticas circularon un día después de que la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, advirtió que el proyecto no será usado para desahogar las prisiones de este país.
El gobierno no permitirá que eso ocurra, advirtió ayer la mandataria. La Nación informó el martes pasado que el eventual uso de brazaletes electrónicos implicaría la salida de prisión de aproximadamente cuatro mil reclusos.
El proyecto apunta al uso de ese mecanismo electrónico de monitoreo como alternativa a la medida cautelar de prisión preventiva y en sustitución de una sentencia de cárcel, indicó el periódico. En el caso de esta nación centroamericana, la sobrepoblación carcelaria pasó de 1.0 por ciento en 2008 a 28.1 por ciento en 2011, y a 30.1 por ciento a agosto del año pasado.