El máximo tribunal del país se negó a revisar el fallo que prohibió a la policía arrestar a personas que den alojamientos a quienes viven sin autorización en Estados Unidos. El Tribunal Federal de Apelaciones del 9no Distrito prohibió a la policía hacer cumplir la norma al concluir el año pasado con el argumento de que la cláusula era ambigua y que las leyes federales ya prohíben acoger a los que están en el país sin autorización.
La prohibición es una de varias cláusulas de la ley que los tribunales han rechazado.
“Es otra señal de que Arizona libra una batalla perdida, tanto jurídica como políticamente”, dijo Karen Tumlin, abogada que representa a grupos de derechos civiles que impugnan la ley.
Andrew Wilder, portavoz de Jan Brewer, dijo que la gobernadora está decepcionada de que la Corte Suprema no haya escuchado su apelación, calificando la decisión de otro golpe a la autoridad del estado para garantizar la seguridad pública.
“La capacidad de Arizona para combatir a elementos criminales de la inmigración ilegal en nuestro estado ha quedado más erosionada”, dijo Wilder.
Aunque la Corte Suprema ha avalado una de las cláusulas más controversiales de la ley, otros tribunales han anulado o bloqueado el cumplimiento de otras, como la exigencia de que los inmigrantes lleven con ellos documentos de inscripción y la prohibición de que los que viven ilegalmente en el país soliciten empleo en lugares públicos.
La corte avaló la exigencia de que los agentes de policía, mientras hacen cumplir otras leyes, puedan preguntar el estatus de inmigración a los que sospeche que están ilegalmente en el país, una cláusula que ha eclipsado en lo fundamental a la prohibición de alojamiento.
La prohibición estuvo en vigor durante un período de dos años que concluyó en septiembre de 2012. Dos semanas antes de bloquear la cláusula, la jueza federal de distrito Susan Bolton dijo que no se habían realizado arrestos bajo la nueva sección de la ley.
En este momento hay en los tribunales federales dos impugnaciones a la ley de 2010 pero no se ha programado juicio en ninguno de los dos casos.
El miércoles se cumple el cuarto aniversario de que Brewer promulgó la ley.