México, 17 Sep (Notimex).- La SCJN dio un plazo de 30 días a quienes hayan sido designados alcalde y tesorero del municipio de Emiliano Zapata, Morelos, para devolver el pago de derechos registrales y de impuestos de compra de bienes inmuebles que hicieron varias personas y que impugnaron dichas erogaciones.
Esto, al resolver el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) seis incidentes de inejecución de sentencia, promovidos por dichas personas, ante el incumplimiento de los fallos que les otorgaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión.
Además, a los quejosos no se les aplicarán algunos artículos de la Ley General de Hacienda Morelos y la Ley General de Hacienda estatal, y quedan desvinculados de las obligaciones que esos preceptos establezcan hasta en tanto no sean modificados,
También se les deberán devolver los importes pagados por los derechos de inscripción de escrituras públicas, por concepto del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, así como por tributos adicionales sobre el cobro de esos gravámenes, cantidades que deberán estar debidamente actualizadas.
En el caso, el pasado 25 de agosto, la SCJN ordenó la separación inmediata de sus cargos y la consignación penal del alcalde del municipio, Eduardo Martínez, y de la tesorera Liliana García, por incumplir una sentencia emitida el 12 de agosto del 2014 por un juzgado.
Además de resolver la separación inmediata de Martínez Varela y García Ortega, el pleno determinó que sean consignados ante el juez de Distrito en Morelos por el desacato a dicha sentencia de amparo, para que sean juzgadas y sancionadas por la desobediencia cometida.
Ahora, en la sesión de este jueves, el pleno de la Corte resolvió, por unanimidad, ordenar a las personas que hayan sido designadas para ocupar esos cargos, el cumplimiento de la sentencias de amparo.
Así, el nuevo alcalde y el tesorero nombrados por el Legislativo del estado de Morelos deberán devolver a los quejosos 11 mil 740 pesos por concepto de impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles.
También mil 761 pesos, equivalente a 15 por ciento de apoyo a educación; 587 pesos, equivalente a cinco por ciento Prouniversidad; y 587 pesos, equivalente a cinco por ciento Proindustria, derivado del recibo oficial emitido el 16 de junio del 2009, entre otras cantidades.