Cuando faltaban pocas horas de que se venza el plazo previsto por la ley para que la Fiscalía General presente una acusación formal contra Leopoldo López, opositores convocaron a una marcha hasta la sede del máximo tribunal, al norte de la capital, para exigir la liberación del dirigente del partido Voluntad Popular quien fue arrestado el pasado 18 de febrero señalado de promover hechos violentos en el país.
En torno a esta convocatoria existe expectativa debido a que desde mediados de febrero las autoridades no han permitido el recorrido de ninguna marcha opositora en la capital, alegando que siempre culminan en violencia, y la mayoría de los eventos organizados por los sectores adversos al gobierno son fuertemente reprimidos con gases lacrimógenos y balas de goma por los cuerpos de seguridad.
En la víspera, se registraron violentos incidentes en la estatal Universidad Central de Venezuela de Caracas. Universitarios se enfrentaron con piedras, bombas molotov y fuegos artificiales contra guardias nacionales y policías nacionales que bloquearon una marcha opositora hacia el norte de la ciudad. Los cuerpos de seguridad utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y un camión cisterna para contener a los manifestantes.
En medio de la protesta grupos de encapuchados atacaron brutalmente a jóvenes opositores, algunos de los cuales fueron desnudados mientras eran golpeados con palos y pateados en una de las áreas internas de la mayor universidad capitalina. Los incidentes en el centro de estudio dejaron un saldo de unos siete heridos.
La Fiscalía General no ha informado hasta el momento si presentará una acusación formal contra López antes del 5 de abril, fecha en la que se vence el plazo de 45 días previsto en la ley para formular cargos.
Uno de los abogados del dirigente opositor, Bernardo Pulido, afirmó el viernes que el caso “debería terminar en un sobreseimiento por parte del Ministerio Público porque no tienen elementos de convicción suficientes de que Leopoldo haya cometido un delito porque no cometió un delito”.
En entrevista telefónica, Pulido dijo a The Associated Press que si la Fiscalía no presenta una acusación contra López en las próximas horas “estarían violando el plazo contemplado por el Código Orgánico Procesal Penal”, pero reconoció que en el proceso del líder opositor “se han incumplido muchas cosas”.
López, de 42 años, es investigado por su presunta responsabilidad en los incidentes violentos que se registraron el 12 de febrero en el centro de la capital tras una multitudinaria marcha opositora, que dejaron tres fallecidos, 66 heridos y 69 detenidos.
El dirigente opositor fue imputado en febrero de los delitos de incendio intencional, instigación pública, daños a la propiedad pública, y asociación para delinquir. El pasado 28 de marzo una corte de apelaciones de la capital negó una solicitud que hicieron los abogados de Leopoldo López para que el dirigente tuviera libertad condicional mientras es procesado.
Venezuela se ha visto sacudida desde febrero pasado por protestas de universitarios y opositores, esencialmente de clase media, que han salido a manifestar contra la desbordada inflación —que alcanzó en febrero una tasa anualizada de 57,3%_, el desabastecimiento y un alto índice de delincuencia.
Los violentos incidentes registrados en Caracas y otras ciudades del interior han dejado hasta la fecha al menos 35 fallecidos, 559 heridos y más de 1.700 detenidos de los cuales 168 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales.
El presidente Nicolás Maduro declaró en la víspera que su gobierno ha tenido que hacerle frente a “un rebrote fascista” que ha provocado escenarios de desestabilización en el país, y denunció que desde el exterior se está promoviendo una “feroz campaña mediática” para tratar de mostrar que Venezuela está caos, según reseñó la estatal Agencia Venezolana de Noticias.
Esta es la primera crisis que enfrenta el mandatario, de 51 años, desde que asumió el gobierno en abril de 2013 tras la muerte del presidente Hugo Chávez.
El bloque oficialista, que ganó por amplia mayoría las elecciones municipales de diciembre, se ha mantenido cohesionado en medio de la crisis política y económica que enfrenta el país. Maduro ha contado con el apoyo de la Asamblea Nacional, que es controlada por el oficialismo, el Poder Judicial y la fuerza armada.