Entrevistados vía telefónica por separado, ambos abogados concordaron que “El Chapo” Guzmán puede ser extraditable, siempre y cuando la Procuraduría General de la República (PGR) lo autorice, pero por respeto a la justicia mexicana debe cumplir primero su condena en el país.
Alberto Woolrich Ortiz indicó que es primordial que el delincuente más buscado del mundo responda primero a la justicia de este país, porque fue al que más lesionó por su incorrecto actuar. Agregó que una vez que responda a todos los cargos que le han sido formulados por la PGR y ya que esté con sentencias podría el gobierno de México dar respuesta a la solicitud de extradición a otros países.
Indicó que esta posición ya ha sido expuesta por el embajador de México en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora, al indicar que esta situación jurídica es inalterable y que el gobierno de México no puede satisfacer el pedido de extradición al gobierno de Estados Unidos.
“‘El Chapo’ debe ser sentenciado primero y estar en etapa de cumplimiento con una sentencia ejecutoriada, para que posteriormente pueda responder a una extradición, por lo que se tiene que cumplir la Doctrina de Estrada, la cual consiste en que los delincuentes que delinquen aquí deben concluirlas aquí”, dijo.
Por su parte, Eduardo Miranda Esquivel expuso que Guzmán Loera deberá pagar la pena que se le había impuesto, además se le sumará la de evasión de preso, por lo que debe existir una averiguación conjunta con los otros delitos de los cuales se le acusa.
Mencionó que si El Chapo” Guzmán ya había sido condenado por diversos delitos no lo pueden volver a condenar por los mismos, ante lo cual se le tendrán que fincar nuevas acusaciones como la de evasión, acopio de armas y homicidios, “todos los delitos que se le puedan comprobar”.
El narcotraficante sí podría ser extraditable, “porque Estados Unidos hace la petición vía consular al gobierno mexicano, y éste a su vez a la PGR y esperar que un juez lo determine, esto ante los nuevos delitos”, explicó el jurista.
Miranda Esquivel manifestó que la PGR debe valorar dónde se suscitaron los delitos y es a discreción del gobierno mexicano si decide la extradición o no. “Esto tiene tintes más políticos que jurídicos técnicos, pero ‘El Chapo’ tiene que pagar esos 12 años de prisión que debía”, acotó.