“La legislación imperante da cuenta que por los elementos que conforman los tipos penales señalados (en el juicio por genocidio contra el exdictador Efraín Ríos Montt) resulta jurídicamente inviable que se diera en Guatemala, principalmente en cuanto a la existencia en nuestro suelo patrio un genocidio durante el enfrentamiento armado interno”, señala la resolución aprobada por 87 diputados oficialistas y de oposición.
La resolución fue propuesta por Luis Fernando Pérez, del Partido Republicano Institucional (PRI), antes del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), fundado por el exdictador Efraín Ríos Montt, acusado y procesado por genocidio.
Asimismo, Pedro Gálvez, diputado del PRI, indicó que estuvo a favor del exhorto pues lo que pretenden es “una armonización de los tres poderes del estado” para que cumplan con lo que dice la Constitución.
El diputado de 33 años también explicó que no vivió el conflicto armado y que por eso es ajeno a lo ocurrido entonces. “Yo no viví, y quizás somos ajenos a eso, no podemos entrar a juzgar el pasado, no lo vivimos y no lo sufrimos en lo personal”, expresó Gálvez, al referirse que es importante “seguir adelante y salir del pasado”.
El anuncio de la decisión de los legisladores provocó la indignación del pueblo guatemalteco, quienes expresaron su rechazo a través de las redes sociales.
Ríos Montt fue juzgado y condenado a 80 años de prisión el 10 de mayo de 2013, por delitos de genocidio y contra los deberes de humanidad por la muerte de mil 771 indígenas ixiles. Sin embargo, la condena fue anulada por la Corte de Constitucionalidad 10 días después, cuando ordenó reiniciar el juicio por faltas al debido proceso.