Durante la comparecencia del secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, McCaul deploró asimismo los recortes que han impedido a la Marina realizar misiones antidrogas en América Latina y las reducciones para la adquisición de naves de la Guardia Costera.
“Esto permitirá que lleguen más drogas a nuestras comunidades. Es particularmente insultante toda vez que la mayor parte de drogas son decomisadas en las costas de Colombia y Honduras, no en las fronteras terrestres”, señaló el legislador.
En contraste, McCaul hizo notar que la administración Obama destinó 320 millones de dólares para construir caminos de acceso a la oficina del secretario del DHS en sus cuarteles generales, un proyecto inmobiliario que será completado en 2026.
“A mi juicio, la administración Obama está colocando la burocracia por encima de la seguridad de nuestras costas”, sostuvo McCaul.
En su testimonio, Johnson defendió la petición del año fiscal 2015 de 60.9 mil millones de dólares en general y en particular las asignaciones en seguridad fronteriza, incluidos los fondos para 21,370 agentes de la Patrulla Fronteriza y 25,775 de Aduanas.
Johnson destacó asimismo el presupuesto de 2.6 mil millones de dólares para cumplir la misión de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para identificar, detener y deportar inmigrantes indocumentados.
La propuesta presupuestal incluye fondos para costear 34 mil camas de detención, una reducción de 10 por ciento en relación con el pasado año fiscal.
Mientras McCaul cuestionó los recortes en el número de camas, legisladores y organizaciones de defensa de latinos iniciaron esta semana una campaña para evitar que la cifra de 34 mil camas se convierta en una cuota obligatoria de detenciones.
Johnson sugirió esta semana en otra audiencia que la cifra de 34 mil camas no es directriz para que los agentes migratorios llenen el cupo, sino simplemente un rasero para disponer de camas suficientes para albergar a personas eventualmente detenidas.
La petición presupuestal de la Casa Blanca para el año fiscal 2015 aún debe ser aprobada en Comités y en los plenos de la Cámara de Representantes y del Senado, un proceso que demora meses y durante el cual el plan original suele ser objeto de enmiendas.