La junta directiva del Congreso entregó un cuestionario base sobre el caso del espionaje ilegal que se hizo desde un centro de inteligencia militar en un sector comercial de la capital de Colombia. El espionaje al equipo negociador del propio gobierno en La Habana, Cuba, fue denunciado por la prestigiosa revista Semana, que hizo una investigación durante 15 meses.
A la sesión secreta deberán asistir representantes del Ministerio de Defensa, el Alto Comisionado para la Paz, y la Fiscalía General, que investiga las interceptaciones ilegales de las comunicaciones de los negociadores, dirigentes políticos, defensores de derechos humanos y corresponsales de agencias internacionales de noticias.
El Congreso busca establecer de dónde salió la orden para interceptar las comunicaciones de manera ilegal, qué recursos del Estado invirtieron en ella, y a quiénes reportaban los investigadores el trabajo de inteligencia ilegal. En Colombia la establece que las interceptaciones de las comunicaciones debe estar soportadas por una orden de un juez.