En un extenso fallo difundido el martes, el juez en lo contencioso administrativo Luis Federico Arias alertó sobre la “gravedad de la actuación del Estado Provincial en los procedimientos dirigidos a dificultar la investigación y en consecuencia a ocultar la verdad de las causas y circunstancias en las que fallecieron las víctimas de la inundación”.
Entre el 2 y el 3 de abril la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, quedó bajo el agua a causa de intensas lluvias que cayeron en poco tiempo y que, según el juez, afectó a zonas altamente urbanizadas emplazadas sobre cauces de los arroyos, cuya capacidad de drenaje quedó excedida.
El gobierno provincial informó que las víctimas fueron 52, pero ante las crecientes denuncias por el paradero de personas que desaparecieron en coincidencia con la inundación la justicia tomó cartas en el asunto.
El juez Arias explicó en su fallo que la cifra de 89 víctimas se obtuvo a partir de información que requirió a hospitales públicos y privados de La Plata, a morgues judiciales, policiales y de la Facultad de Medicina de La Plata, así como también funerarias y cementerios privados de la zona.
Aunque la inundación afectó zonas marginales, habitadas por muchas personas sin autorización para vivir en el país, el magistrado no descartó la hipótesis de que el gobierno provincial haya manipulado las cifras para reducir el costo político de la tragedia a pocos meses de las elecciones legislativas.