De acuerdo con el informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), el 29.5 por ciento de los acusados fueron condenados por privación ilegítima de la libertad, es decir, secuestro.
Al 26 por ciento se le probó el delito de torturas; al 17.5 por ciento, el de homicidio, y al 7.5 por ciento, robos en las propiedades allanadas por operativos ilegales encabezados por escuadrones militares.
El resto de los crímenes que, por ser de lesa humanidad, no prescriben y han sido juzgados, se refieren al robo y apropiación de bebés nacidos en cautiverio, delitos contra la integridad sexual y asociación ilícita.
Además, cuatro de cada 10 condenados sufrió penas de cadena perpetua, mientras que al 56 por ciento se le dictaron entre cuatro y 25 años de prisión.
Los juicios avanzaron a partir de 2003, luego de que el Congreso argentino anulara las llamadas “leyes de impunidad” que se emitieron a mediados de los 80 y que impidió que los represores y sus cómplices fueran perseguidos por la justicia.
El CELS precisó que el número de acusados se fue incrementando con los años, ya que en 2007 eran 922, pero el total en 2014 es de dos mil 450, de los cuales fueron condenados 495, en tanto que 45 fueron absueltos.
Esto implica que aún falta terminar juicios en contra de mil 910 acusados, muchos de los cuales ya son ancianos, lo que mantiene vigente la demanda de acelerar los procesos antes de que fallezcan sin condena, como ya ocurrió en 19 casos.