Las leyes dan plazo hasta el 19 de abril para que más de 70.000 mineros concluyan una etapa de formalización que de no cumplirla serán declarados ilegales y podrían afrontar la cárcel y la destrucción de sus maquinarias.
El gobierno desplegó a miles de policías en diferentes zonas del país para evitar el bloqueo de carreteras, pero miles de mineros bloquearon una vía clave que conecta el sur con el resto del país.
Vestidos con cascos de diversos colores, unos 5.000 mineros de 11 regiones y marcharon por las calles de Lima solicitando conversar con Ollanta Humala. El lunes solo los recibió el presidente del Congreso.
“No nos iremos hasta que el gobierno derogue el paquete de leyes que ha puesto en ejecución y busca exterminar a los mineros informales. Nosotros no somos delincuentes”, dijo a la AP Miguel Olazábal, un minero de la región Madre de Dios.
El gobierno afirma que adicionalmente existen otros 60.000 mineros considerados ilegales, que extraen oro de zonas prohibidas por el Estado y que contaminan el medio ambiente. A estos “el gobierno declaró una guerra a muerte”, dijo a radio Exitosa, Daniel Urresti, el Alto Comisionado del gobierno en Asuntos de Formalización de Minería Ilegal.
Urresti afirma que se mantendrán las conversaciones con los mineros informales, pero no con la minería ilegal que afirma mueven alrededor de 2.900 millones de dólares anuales.
Desde diciembre Perú detuvo la exportación de oro con origen desconocido y ha destruido con explosivos maquinarias y unas 13 plantas de tratamiento aurífero en diversos operativos.
En el país se producen entre 160 y 170 toneladas de oro anuales pero según las autoridades gubernamentales un 20%, alrededor de 40 toneladas, no tiene un origen conocido, no pagan impuestos y afectan a la selva amazónica.
Perú es el quinto productor mundial de oro y el metal es usualmente enviado a refinerías de Suiza, Estados Unidos o Italia, según la Superintendencia de Administración Tributaria.