La crisis en los diálogos de paz con las FARC, a raíz del secuestro del general Rubén Darío Alzate, obliga a replantear acuerdos mínimos humanitarios o un cese al fuego bilateral o unilateral entre ambos sectores.
Las guerrillas de las FARC secuestraron el pasado 16 de noviembre al general Rubén Darío Álzate, un suboficial y una abogada que trabaja con el Ejército, quienes fueron liberados este domingo en el departamento del Chocó, en la frontera con Panamá.
En 50 años de guerra interna en Colombia, la insurgencia por primera vez retuvo a un general de las Fuerzas Militares, un caso que se dio en medio de las negociaciones de paz en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Este hecho generó un impacto sin precedentes en la historia militar de Colombia y obligó al jefe de Estado a suspender de inmediato las conversaciones en La Habana, a pesar de la decisión de negociar en medio de la confrontación armada.
Las partes acordaron en 2012 negociar sin cese al fuego y garantizar que las operaciones militares entre las partes en el territorio colombiano no afectarían los diálogos en La Habana, cuyo objetivo es lograr un pacto para terminar la guerra.
La guerrilla, el gobierno de Santos, los partidos políticos oficialistas como los opositores, organizaciones no gubernamentales, coincidieron que el caso del general Álzate, tiene que llevar a una revisión de la forma como las partes negocian en La Habana.
Tal revisión tendría que llevar a replantear el concepto de “negociar en medio de la guerra”, que es un hecho inédito en el mundo.
Sin embargo, mientras las FARC, sectores políticos de izquierda y organizaciones humanitarias piden un cese al fuego bilateral para dar confianza y credibilidad al proceso de paz.
El gobierno, los partidos oficialistas y la oposición de derecha, se oponen a este mecanismo y plantean, por el contrario que el grupo guerrillero suspenda operaciones de manera unilateral.
El director de la Fundación Forjando Futuros y Premio Nacional de Paz (2012), Gerardo Vega, en entrevista con Notimex, sostuvo que la retención del general tiene “que servir para establecer nuevas reglas de juego en las negociaciones entre el gobierno y las FARC en La Habana”.
“Es urgente buscar la manera en que las partes se comprometan en desescalar el conflicto que afecta a la población civil. Que establezcan nuevas reglas de juego claras y eso supone, por ejemplo un compromiso en el desminado, no secuestros y no reclutamiento de niños. Esto ayuda a ganar confianza y credibilidad en el proceso”, afirmó.
El gobierno por su parte -apuntó- debe tomar medidas en las áreas minero-energético, garantizar el respeto a las reservas campesinas y discutir con las FARC en La Habana un cese al fuego bilateral entre las partes.
Las operaciones militares – explicó Vega- contra las otras organizaciones ilegales que operan en Colombia, deben continuar porque un acuerdo de este tipo solo sería para las guerrillas de las FARC.
“El cese al fuego bilateral crea un mejor ambiente para que la ciudadanía tenga más credibilidad sobre el proceso de paz. Es ganar confianza”, enfatizó el defensor de los derechos humanos de la restitución de tierras para los campesinos despojados.
Otra alternativa para disminuir al máximo la confrontación armada que afecta a la población civil, es un cese de hostilidades en las regiones más afectadas por la guerra y en donde las FARC, tienen una mayor presencia militar.
“El cese al fuego parcial (regional), es otra alternativa interesante que puede ayudar a desescalar el conflicto. La población no ve claro que mientras se habla de negociación en Cuba, se continúe con las acciones militares. La población no entiende que las acciones están dentro de las reglas de fuego”, subrayó Vega.
El gobierno y las FARC, cuando iniciaron los diálogos plantearon que “las acciones no afectarían las negociaciones y el caso del general Álzate demostró que sí las afectan y las seguirán afectando, por esto es urgente que las partes replanteen este asunto”.
El jefe de Estado ordenó el regreso este lunes del equipo negociador del gobierno a La Habana y el objetivo es revisar el estado de las negociaciones con las FARC y en particular el caso del secuestro del general y sus acompañantes.
Para el presidente Santos el único cese bilateral que está dispuesto a aceptar es cuando se firme el acuerdo de paz con las guerrillas de las FARC, mientras tanto las Fuerzas Militares tienen la orden mantener las operaciones contra los insurgentes.
Los jefes insurgentes en la mesa de negociación insistirán ante los negociadores del gobierno en un cese bilateral o el compromiso de las partes de no volver a suspender las pláticas frente a un hecho de guerra en territorio colombiano sea de uno u otro lado.