En su cuenta de Twitter, el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, dijo el martes temprano que ordenó a la comandancia del ejército investigar las denuncias. “Le he pedido al @COMANDANTE_EJC que investigue situación de supuestas chuzadas (espionaje) a equipo negociador en la Habana” : @mindefensa”, escribió.
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos negó las versiones. El supuesto espionaje “en ningún momento fue autorizado por el gobierno nacional… jamás ha dado una instrucción en ese sentido”, afirmó el ministro del Interior, Aurelio Iragorri al ser consultado sobre el reporte publicado la noche del lunes por la revista Semana en su página de internet.
Sobre el proceso de paz que realiza el gobierno con las guerrillas de las FARC “esperemos que (la denuncia) no lo afecte, es una situación que nos afecta a nosotros mismos, digamos, estamos siendo víctimas… Es muy importante la investigación y se aclare el tema”, añadió el ministro en una entrevista con radio Caracol.
En su página de internet, Semana divulgó una investigación que dijo haber realizado durante 15 meses. Dijo haber descubierto que la oficina de espionaje, cuyo nombre clave era “Andrómeda”, fue instalada en un local comercial de dos pisos al oeste de Bogotá, tras la fachada de un pequeño restaurante y a la vez centro de enseñanza de informática.
Según el reporte, en ese local, un capitán del ejército miembro de una de las centrales de inteligencia técnica estaba al frente de un equipo de uniformados y jóvenes civiles hackers que monitoreaban datos, como correos electrónicos, números personales de identificación o “pines” y mensajes de texto, entre otros, pero no voces.
Dijo que la tarea se habría desarrollado entre septiembre de 2012 y octubre del 2013, cuando el local fue cerrado debido a que “todo estaba muy caliente” y temían un allanamiento de autoridades judiciales.
Entre las personas cuyos datos eran monitoreados, según Semana, figuran Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del gobierno de Santos en los diálogos de paz que sostiene desde fines del 2012 en Cuba con las guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
También estaría el Alto Comisionado para la Paz y negociador, Sergio Jaramillo, así como la ex senadora y activista de derechos humanos Piedad Córdoba y el representante a la Cámara por el izquierdista partido Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, añadió el reporte.
“Será tarea de la justicia averiguar para quién y porqué funcionó Andrómeda y si se trata de ruedas sueltas en el ejército“, añadió Semana al destacar que hasta ahora es incierto quién dio la orden y quién recibió los datos recolectados. Dijo que funcionarios del gobierno le aseguraron a la revista que desconocían lo que estaba ocurriendo.
Una investigación publicada por Semana en febrero de 2009 desembocó en un escándalo dentro del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por seguimientos e interceptaciones telefónicas ilegales desde esa policía secreta a magistrados de la Corte Suprema, activistas de derechos humanos, periodistas, entre otros. Directivos de inteligencia del DAS fueron detenidos y esa policía secreta fue cerrada por el gobierno de Santos en octubre de 2011.