La citación a Colombia para el 24 de marzo en la sede de la CIDH en Washington, era para explicar la ruta jurídica que tenía el caso del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en el marco jurídico y constitucional de Colombia. En entrevista con la cadena privada Caracol, la canciller María Ángela Holguín dijo que después de la decisión de la CIDH de solicitar medidas cautelares para el alcalde Petro, ya no es relevante el encuentro del lunes.
El presidente Juan Manuel Santos, decidió en la víspera no acatar la recomendación de la CIDH, de otorgar medidas cautelares a Petro, y procedió a ratificar la destitución e inhabilidad del Alcalde Mayor de Bogotá, que fue impuesta por el ministerio Público en diciembre del 2013.
Holguín descartó que la decisión de Santos tenga repercusiones internacionales para Colombia, como no la ha tenido en el pasado en otros casos con países de la región, como Brasil y México.
Contó que este miércoles le explicó al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, el porqué de la decisión y la verdad es que hasta ahora nadie se ha pronunciado, no se acostumbra a cuestionar a los países por sus decisiones internas. Cuando Brasil desconoció la CIDH nosotros no nos pronunciamos y esperamos que no haya ninguna reacción, recordó la ministra de Relaciones Exteriores.
La cancillería en un comunicado subrayó que Colombia siempre ha entendido el papel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como uno de naturaleza complementaria al derecho interno de los Estados. Por tanto, solo puede actuar cuando no opera o falla la justicia interna.
Esta es una solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Gobierno de Colombia y no tiene carácter obligatorio ni vinculante. Las medidas cautelares no hacen parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, anotó. Reiteró que en el caso del Alcalde Gustavo Petro se ha respetado el debido proceso en todas las instancias judiciales nacionales con plena garantía de sus derechos.