El ombudsman nacional pidió al gobernador de ese estado suspender la ejecución programada para el 9 de abril y que se conmute por una pena de prisión.
Refirió que, en una carta, explicó al gobernador de Texas, Rick Perry, que para los organismos que velan por los derechos humanos “la vida representa un bien jurídico valioso”, y señaló que las Constituciones lo reconocen y protegen por lo que las naciones están obligadas a su protección.
“También envió un escrito a la Junta de Indultos y Libertad Condicional del Estado de Texas, en el que recuerda que el 31 de marzo de 2004, la Corte Internacional de Justicia determinó que se violó en perjuicio del señor Ramiro Hernández Llanas, el derecho de notificación y asistencia consular que previene el artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, dentro del juicio conocido como Caso Avena”.
Asimismo, de acuerdo con un comunicado, Plascencia Villanueva mencionó al gobernador de Texas los instrumentos internacionales que reconocen el derecho a la vida, además de los que señalan que nadie debe ser sometido a tortura, ni penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Por ello la postura que asuma con relación a Ramiro Hernández Llamas le será reconocida por la comunidad internacional como signo de que en Texas se respeta la vida, la dignidad humana y los derechos fundamentales, añadió.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) agregó que a través del Programa contra la Pena de Muerte de Mexicanos en el Extranjero da seguimiento al proceso que se sigue contra 60 mexicanos condenados en Estados Unidos y tres más en Malasia.