Los manifestantes afectados por su ascendencia haitiana, exigieron al presidente Danilo Medina la restitución de sus derechos y que no los obliguen a naturalizarse como si fuesen extranjeros.
“Nací en República Dominicana, tengo un acta que dice que nací aquí; entonces naturalizarme es quitarme lo que tengo para darme otro estatus”, dijo Rosairis Diendomi, quien participó en la protesta como parte del grupo Reconoci.do
Los manifestantes pidieron al mandatario no presentar al Congreso su anunciado proyecto de ley para naturalizar a los afectados por la desnacionalización, que según la presidencia servirá para naturalizar como dominicanos a los miles de afectados por el fallo del Tribunal Constitucional que en septiembre de 2013 ordenó abrir juicios individuales para anular las actas de nacimiento de todos los nacidos en el país desde junio de 1929 de padres extranjeros que no tuviesen residencia legal.
“La rechazamos (naturalización) porque la constitución establece que la naturalización es para extranjeros y nosotros ya somos dominicanos”, insistió Diendomi.
De acuerdo con la constitución, los ciudadanos por naturalización no pueden aspirar a la presidencia de la República y deben esperar al menos 10 años desde la adquisición de la ciudadanía para postularse al Congreso o como jueces.
El fallo del Tribunal Constitucional afecta principalmente a los descendientes de miles de inmigrantes del vecino Haití que a lo largo del Siglo XX fueron llevados a trabajar a los cañaverales dominicanos, donde procrearon a sus familias y nunca volvieron a su país.
De forma previa a la decisión de la corte, la junta electoral ya había comenzado en 2007 a retener los documentos de identidad de los descendientes de haitianos por considerar que habían sido registrados de forma ilegal para obtener la nacionalidad dominicana. Sin sus documentos de identidad, los afectados no pueden inscribirse en una universidad, casarse, registrar a sus hijos, viajar, tener un empleo formal o abrir cuentas bancarias.
Según estimaciones de organismos de derechos humanos y Naciones Unidas, la medida afectará a unos 210.000 descendientes de inmigrantes haitianos. Según la junta electoral, sólo serán afectados 13.000.
Los manifestantes entregaron el martes una carta en el Palacio Nacional en donde piden al presidente Medina que en lugar de seguir con el proyecto de ley de naturalización, cree una ley para el reconocimiento de la nacionalidad de aquellos descendientes de extranjeros que ya la tienen.
El ex presidente Leonel Fernández (1996-2000 y 2004-2012), en cuya administración la junta electoral comenzó a retener los documentos de identidad a los descendientes de haitianos reconoció que durante años muchos trabajadores haitianos que no tenían residencia legal declararon a sus hijos en el registro civil dominicano y el gobierno los reconoció como sus ciudadanos. “No lo debieron haber hecho, pero lo hicieron”.
Aunque la presidencia anunció que Medina presentaría el proyecto de naturalización en febrero, no lo ha hecho y fue a finales de marzo que comenzó a reunirse con líderes de partidos políticos y de las iglesias católica y evangélica en busca de consenso y de apoyo para su propuesta, que aún no ha sido difundida.
“Pero nosotros ni los afectados hemos sido consultados (por Medina)”, insistió el martes Roque Féliz, director del jesuita Centro Bonó.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró el 4 de abril que la sentencia del Tribunal Constitucional “conlleva a una privación arbitraria de la nacionalidad”, y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados pidió al gobierno “restituir la nacionalidad” de los afectados.
Pese a los reclamos de los organismos internacionales y de derechos humanos, el Tribunal Constitucional ratificó la noche del lunes su controvertido fallo, al revocar tres sentencias en las que juzgados de primera instancia ordenaban a la junta electoral liberar los documentos de identidad a igual número de descendientes de haitianos.