Buckley y Warner presentaron ante la CIDH un reclamo sobre presunta violación a la Declaración Intermericana de Derechos Humanos, argumentando que el método de ejecución es incompatible con estándares internacionales de derechos humanos.
La ejecución de Bucley, acusado de asesinato violento en 1996, está programada para el 21 de mayo en el estado de Misuri.
En el caso de Warner, acusado de la violación y muerte del hijo de 11 meses de su novia, está prevista para el próximo 13 de noviembre en Oklahoma.
“En la petición, como en la solicitud de medidas cautelares, los peticionarios alegan que el método de ejecución es incompatible con estándares internacionales de derechos humanos”, dijo la CIDH en un comunicado.
Añadió que Estados Unidos “no ha proporcionado información sobre los fármacos y los protocolos a ser utilizados en las ejecuciones”.
La fallida ejecución de un reo en Oklahoma, quien murió por un ataque cardíaco 43 minutos después de recibir una combinación de tres fármacos letales, reabrió el debate sobre la pena de muerte en el país.
“La Comisión solicitó a Estados Unidos abstenerse de ejecutar la pena capital, hasta en tanto tuviera la oportunidad de decidir sobre los reclamos de los peticionarios sobre las presuntas violaciones de la Declaración Interamericana”, indicó.
Dijo que el desconocimiento de un Estado miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) de una solicitud para preservar la vida de un condenado a muerte, para examinar su petición, viola “gravemente las obligaciones internacionales de ese Estado”.
Agregó que en los hechos, desatender la directriz de la CIDH constituiría una privación del derecho de petición en el sistema interamericano de derechos humanos para los condenados a muerte en Estados Unidos.