El llamado fue motivado por la decisión semanas atrás de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala de acortar para mayo próximo la gestión de la fiscal general Claudia Paz y Paz, que originalmente debería concluir en diciembre próximo.
La comisión dijo además haber recibido información según la cual en octubre próximo serán elegidos los y las magistrados de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia por parte del Congreso de la República.
Además hizo eco de los cuestionamientos que generó en algunos sectores de la sociedad la reciente elección de magistradas y magistrados del Tribunal Supremo Electoral, a partir de que los criterios utilizados por el Congreso fueron políticos.
Frente a esta situación, un abogado interpuso a título personal un recurso de impugnación contra el proceso de selección, el cual se encontraría pendiente de resolver por la Corte de Constitucionalidad.
En su reciente informe “Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas“, la CIDH se refirió a las garantías que deben observarse en los procesos de selección y nombramiento.
Ahí resaltó que el objetivo de todo proceso de selección y nombramiento de las y los operadores de justicia debe ser seleccionar candidatos y candidatas con base en el mérito personal y capacidad profesional, además del perfil necesario para esos cargos.
“La Comisión considera indispensable que se establezcan criterios objetivos, previamente establecidos, para la valoración y calificación de las y los candidatos, a fin de evitar la discrecionalidad de las personas u órganos que intervienen en la selección”, indicó el organismo en un comunicado.