En una decisión adoptada por la mayoría de los siete comisionados, la CIDH solicitó al Estado de Ecuador suspender “inmediatamente” los efectos de la sentencia de la Corte Nacional de Justicia, que avaló las condenas impuestas contra los tres acusados en abril de 2013.
En esa fecha el asambleísta Cléver Jiménez Cabrera, Fernando Alcibíades Villavicencio Valencia y Carlos Figueroa fueron encontrados culpables del delito de injurias contra Correa.
La demanda en su contra, presentada por el mismo Correa, derivó de una denuncia de los opositores en septiembre de 2010 contra el mandatario, a quien acusaron de genocidio y de haber ordenado disparar contra ciudadanos días antes, durante una revuelta policial.
El señalamiento derivó del estado de excepción ordenado por Correa el 30 de septiembre de ese año, cuando fue agredido por policías y sitiado en un hospital, durante una protesta contra cambios a la Ley Orgánica de Servicio Público.
Jímenez y Villavicencio fueron condenados a sendas penas a año y medio de prisión, y Figueroa recibió una pena de seis meses de prisión.
En su resolutivo, la CIDH explicó que su decisión de otorgar estas medidas a favor de los tres acusados derivó de su conclusión de que los tres “se encontrarían en una situación de gravedad y urgencia de daño irreparable”.
La Comisión solicita al Estado de Ecuador que suspenda de inmediato los efectos de la decisión de 14 de enero de 2014, hasta que la CIDH se pronuncie sobre la petición individual, indico la comunicación aprobada por cinco de los siete comisionados.
La comisión dejó en claro que la medida cautelar y su adopción “no constituirán prejuzgamiento sobre violación alguna a los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos u otros instrumentos aplicables”.
De igual manera solicitó a Ecuador informar en un plazo de 15 días a partir de está fecha sobre la adopción de estas medidas.