Nuestra preocupación se relaciona tanto por el hecho de que este es el segundo periodo de audiencias (en el que no participa Ecuador) como a las declaraciones de funcionarios ecuatorianos sobre las medidas precautorias dictadas por la CIDH, dijo la comisionada presidenta Tracy Robinson.
Las declaraciones de Robinson fueron en alusión a las medidas cautelares que la CIDH dictó la semana pasada a favor del legislador opositor ecuatoriano Cléver Jiménez, su asesor Fernando Villavicencio, y el secretario de la Federación Médica Ecuatoriana, Carlos Figueroa.
Los tres fueron sentenciados a penas de entre 18 meses y ocho años después de haber sido hallados culpables del delito de difamación en contra del presidente ecuatoriano Rafael Correa, al cual habían acusado de genocidio.
En un comunicado, la CIDH lamentó profundamente la ausencia del Estado de Ecuador en las dos audiencias convocadas sobre ese país.
Robinson dijo que si bien Ecuador participó en una reunión de trabajo sobre un caso en proceso de solución amistosa, su ausencia en estas audiencias significa perder una oportunidad de escuchar la respuesta del Estado sobre algunos temas importantes.
Estas son audiencias de gran importancia para los ecuatorianos y la sociedad civil, indicó la directiva en rueda de prensa.
Por otra parte, la CIDH externó también su profunda preocupación por la situación de los más de 210 mil dominicanos de origen haitiano que se han quedado sin nacionalidad debido a una sentencia del Tribunal Constitucional de República Dominicana.
Estos temores se avivaron tras la información presentada por el Estado en la audiencia sobre la situación del derecho a la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia haitiana, a partir de dos sentencias más del mismo tribunal.
La comisión dijo que ambas sentencias han agravado la situación que enfrentan estos dominicanos.
Reiteró su conclusión de que la sentencia original conlleva a una privación arbitraria de la nacionalidad y tiene un efecto discriminatorio, ya que impacta principalmente a dominicanos de ascendencia haitiana, quienes son personas afrodescendientes.
Aunque el Estado indicó que la sentencia no es discriminatoria, ya que personas que tienen ascendencia de otras 117 nacionalidades también podría verse afectadas, la información que dispone la CIDH establece que existe un impacto desproporcionado sobre afrodescendientes.
Frente a ello, la comisión interamericana urgió de nuevo a República Dominicana a buscar una solución que garantice el derecho a la nacionalidad de las personas afectadas