La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, recibió hoy a Carmen Gloria Quintana, quien hace 29 años, en 1986, fue quemada por una patrulla militar en el marco de la represión de la dictadura en este país sudamericano (1973-1990).
Tras la cita, en el presidencial Palacio de La Moneda, Quintana dijo a periodistas que Bachelet se comprometió a estudiar el secreto de 50 años que tiene datos del llamado “Informe Valech”, lo que podrían servir para aplicar justicia en muchos casos de violaciones a los derechos humanos.
Enfatizó que “la presidenta quedó muy seriamente comprometida a estudiar estos temas, así que salgo muy contenta y esperando que hayan prontamente actos y gestos concretos que apunten a la verdad, a la justicia”.
Quintana, quien vive en Canadá, también dialogó con la mandataria sobre la posibilidad que se degrade a todos los militares chilenos que estuvieron involucrados en violaciones a los derechos humanos y se les cancelen todos los beneficios, como sus jubilaciones.
Bachelet declaró, durante un acto público posterior, que el encuentro con Quintana fue “muy emocionante por todo lo sucedido”, y recalcó que “Chile necesita saber lo que sucedió, conocer la verdad, porque esa es la manera, sobre una herida limpia se puede cicatrizar mejor”.
Puntualizó que le dijo a Quintana “que el gobierno va a trabajar incansablemente para que podamos remover la oscuridad y podamos conocer la verdad que es tan importante para todos nosotros”.
El gobierno chileno estudia la posibilidad de modificar una ley que establece un secreto de 50 años a antecedentes sobre violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura (1973-1990) que están incluidas en el llamado “Informe Valech”.
La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura fue creada en 2003 por el presidente Ricardo Lagos y estuvo encabezada por el obispo católico Sergio Valech, razón por la cual su reporte se conoció como “Informe Valech”.
El objetivo de la comisión fue esclarecer la identidad de las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.