SANTIAGO, Chile (AP) — Los máximos líderes empresariales chilenos manifestaron el jueves su preocupación y condena por el caso de dos compañías papeleras que se coludieron durante más de una década para fijar sus precios y uno dijo que podría pedir la desafiliación de las organizaciones a las que pertenecen.
Las empresas denunciadas por la Fiscalía Nacional Económica son la Compañía Manufactureras de Papeles y Cartones, CMPC, y la firma PISA, que producen papeles higiénicos y absorbentes, pañales de bebés y adultos, pañuelos y toallas faciales, entre otros productos, y cuyos ejecutivos decidieron coludirse para fijar los precios y reducir la producción entre 2010 y diciembre de 2011, afirmó el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal.
El “cartel del papel” como fue bautizada la colusión de ambas empresa, que dominan el 90% del mercado, afectó a millones de chilenos. El caso, denunciado el miércoles por la Fiscalía, ha sido criticado en forma transversal, incluso consumidores y grandes empresarios.
Hermann von Mulenbrock, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, que agrupa a importantes empresas del sector privado, calificó como “incómodo” y “doloroso” el caso de las papeleras.
Añadió que lo sucedido “nos tiene que generar un nivel de fuerza para seguir trabajando por la transparencia”.
El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Alberto Salas, dijo que “son hechos que condenamos absolutamente” y no descartó pedir la desafiliación de las compañías de los gremios empresariales por las conductas que atentan contra la libre competencia.
Este no es el primer caso de colusión que afecta a millones de chilenos, que también sufrieron el efecto del cartel de las tres mayores cadenas farmacéuticas del mercado local y de las empresas avícolas, aunque Irarrázabal calificó el caso de las papeleras como uno de los más graves porque se extendió por más de una década.
La Fiscalía Nacional Económica las investigó desde diciembre de 2014 determinándose que ambas empresas obtuvieron ganancias por 23 millones de dólares cada una gracias a su colusión que se extendió desde el 2000 hasta por lo menos diciembre de 2011,
La Fiscalía reveló en su denuncia a la Corte Suprema algunos de los métodos utilizados por los coludidos, como el uso de teléfonos celulares que luego se deshacían de ellos, creaban correos electrónicos con nombres falsos y lanzaban computadores a un canal que desemboca en un río para no dejar huellas, precisó la denuncia de la fiscalía económica.
Uno de los implicados es un ex ministro de Deportes del gobierno de Sebastián Piñera, Gabriel Ruiz-Tagle, dueño de PISA, que luego de unos años la vendió. Niega su participación en el caso.
Von Mühlenbrock criticó a Ruiz-Tagle por afirmar que era objeto de una persecución política.
La Fiscalía explicó que la CMPC se auto-denunció en marzo pasado para acogerse a la delación compensada y por lo que no será castigada ni siquiera por una multa. Su auto acusación ocurrió poco después que el gobierno envió al congreso un proyecto para subir las multas en casos de colusión y establecer penas de cárcel, que hoy no existen. PISA también se auto denunció, y en su caso la multa se rebajaría.
La presidenta Michelle Bachelet calificó el jueves el caso como “un hecho de la máxima gravedad. En el pasado conocimos la colusión de los pollos, de las farmacias y ahora se trata del papel higiénico, la servilleta, productos de uso cotidiano, que tienen todos estos casos en común: perjudican a las personas fijando un precio que es más caro, que atenta contra la libre competencia y afecta sin duda, el bolsillo de la familia”.
Recordó el proyecto anti colusión enviado a comienzos de marzo al congreso, que busca subir las multas y establecer penas de cárcel y dijo que “vamos a empujar con fuerza este proyecto porque la colusión es una forma de abuso que perjudica a las personas, perjudica la economía y por sobre todo, la confianza y la imagen de nuestro país”.
Su ministro del Interior, Jorge Burgos, expresó que “lo importante es que no haya impunidad”.