La transnacional de origen estadunidense, pidió a la Corte Constitucional de Ecuador que deje sin efecto el proceso por el que fue sentenciada a pagar 9.500 millones de dólares a los afectados por contaminación en la Amazonia norte del país.
En el pedido, presentado el 24 de junio y al que tuvo acceso The Associated Pres el viernes, Chevron solicitó a la Corte “que ordene la restauración total de los derechos constitucionales de Chevron, lo que implicaría necesariamente dejar sin efecto la sentencia… así como declarar la nulidad de todo el proceso de Lago Agrio desde su inicio”.
En el escrito de 18 páginas la empresa estadounidense argumentó su pedido en informes forenses que demuestran que el juez ecuatoriano que dictó el multimillonario fallo, Nicolás Zambrano, “no redactó la sentencia… sino que fueron los propios abogados demandantes quienes la prepararon” luego del compromiso de recibir 500.000 dólares como soborno.
Junto al petitorio, Chevron dejó en esa corte ecuatoriana informes del perito forense que dictaminó lo señalado y las transcripciones de los testimonios ante el Tribunal Arbitral Internacional que se cumplió en Washington.
El abogado de los demandantes, Pablo Fajardo, dijo a AP que “no encuentro ninguna razón jurídica que me preocupe en lo más mínimo para que la Corte Constitucional pueda declarar la nulidad del proceso como pide Chevron. Fueron argumentos analizados y rechazados por instancias anteriores y Chevronperdió porque no tiene razón”.
Añadió que Chevron “recicla argumentos que fueron presentados y rechazados en Sucumbíos (donde se dictó la sentencia original), en la Corte Nacional de Justicia y ahora los recicla ante la Corte Constitucional”.
El caso contra Chevron – antes Texaco- empezó en 1994 cuando un grupo de pobladores de la Amazonia ecuatoriana acusó legalmente a la petrolera de contaminación y graves daños durante la exploración y extracción de petróleo entre 1972 y 1990.
Los demandantes lograron que en 2011 un juez ecuatoriano sentenciara a la compañía al pago de 9.500 millones de dólares, pero Chevron ha argumentado que un acuerdo de 1998 entre la entonces Texaco y el gobierno ecuatoriano, tras una limpieza de la zona con un costo de 40 millones de dólares, la eximió de cualquier responsabilidad
Desde ese fallo Chevron ha alegado que la sentencia es producto de un gigantesco fraude alentado por abogados ecuatorianos y extranjeros de los demandantes, que ahora están siendo demandados en Estados Unidos.
Aunque el juicio en Ecuador terminó con la sentencia, la única vía de la que dispone Chevron es pedir la intervención de la Corte Constitucional, que aborda tema de vicios de procesos o denegación de derechos en los procesos judiciales, entre otros.
Las demandas cruzadas entre los ecuatorianos y Chevron se mantienen en Estados Unidos y la Corte Internacional de Justicia en La Haya.