El informe, elaborado por el Instituto de Análisis y Estudios de Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Interna, describió 15 incidentes en los que personal asociado a los cárteles intentaron infiltrarse en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Los intentos de infiltración han sido detectados por la agencia como parte de las pruebas de detector de mentiras a las que son sometidos los prospectos a ser contratados para formar parte de la Patrulla Fronteriza y de otros empleos dentro de la dependencia, añadió.
El reporte de 80 páginas fue obtenido tras su reciente desclasificación por el Centro para el Periodismo de Investigación (CIR), dedicado a recabar y difundir información para permitir a la ciudadanía exigir rendición de cuentas a gobiernos, empresas y otras entidades en el poder.
De acuerdo con la información, un total de 147 funcionarios y agentes de la CBP han sido acusados o sentenciados por delitos de corrupción desde el 1 de octubre de 2004. Una docena de esos casos fueron descubiertos durante 2012.
“Esta es una pequeña minoría de la fuerza de trabajo, pero representa una amenaza para nuestra seguridad nacional”, escribieron los autores del reporte.
La CBP ha acusado a estos agentes de delitos como aceptar sobornos para permitir que drogas e indocumentados ingresen a Estados Unidos y el robo de documentos y traspaso de información oficial.
Según el informe, la agencia fronteriza ha dado pasos para abordar el “problema persistente” de la corrupción. En concreto, la agencia ha utilizado los datos para investigar y analizar las posibles amenazas y las debilidades de seguridad.
Un ejemplo de esto es la denominada “Operación Puerta Lateral”, en la que se examinan pistas y otros datos de los solicitantes de empleo que hayan admitido la participación en el contrabando de drogas para detectar posibles vínculos con actuales empleados de la agencia.
Otra estrategia, llamada “Operación de Exposición del Suroeste”, evalúa los datos sobre incautaciones para detectar posibles casos de mala conducta entre sus agentes.
Sin embargo, el informe detalla “batallas territoriales, disfunción interna y otros problemas” que han obstaculizado los esfuerzos que realiza la CBP “para controlar y detener la corrupción y la falta de conducta, dentro de sus filas”.
A pesar de sus esfuerzos, la CBP aún carece de un enfoque integral y coordinado para descubrir la corrupción, advirtió.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza constituye la mayor corporación policial federal con cerca de 60 mil empleados.
Según el CIR, la dependencia ha tenido dificultades para establecer un régimen disciplinario propio y acabar con el “código de silencio” interno que protege a los agentes corruptos, lo que incluso impide comprender plenamente lo grave que es el problema de corrupción.