El gobierno de México confirmó la tarde de este jueves la captura de Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, uno de los líderes de la banda delictiva Guerreros Unidos. El narcotraficante y este cártel de la droga son pieza clave en la desaparición hace un año de 43 estudiantes de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.
El Procurador General del Estado de Guerrero, Miguel Angel Godínez Muñoz, y el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, confirmaron la detención de Gildardo López Astudillo, miembro de la Guerreros Unidos, organización vinculada con el ex alcalde del municipio de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, que hoy está preso por la desaparición
La versión oficial del gobierno mexicano sostiene que la policía de Iguala detuvo de manera ilegal a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y se los entregó a los Guerreros Unidos, quienes luego los ejecutaron y quemaron sus cuerpos, según la versión del gobierno.
En noviembre, Jesús Murillo Karam, que ejercía entonces como Procurador General de la República, dijo que López Astudillo fue quien informó a su jefe, Sidronio Casarrubias, de que miembros de un cártel rival conocido como “Los Rojos” causaba problemas en la ciudad de Iguala.
Era la noche del 26 de septiembre de 2014.
Casarrubias le dio a López la orden de defender la plaza y los 43 estudiantes desaparecieron. Según el gobierno fueron ejecutados y posteriormente quemados en un basurero.
Pero un estudio de un grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desacreditó gran parte de la investigación del gobierno de México sobre la desaparición de los estudiantes. Y aseguró que la principal hipótesis oficial de que habrían sido calcinados en un basurero es físicamente imposible debido a las condiciones del lugar y la abundante necesidad de material para la quema.
El informe del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que en las horas previas a la desaparición en la ciudad de Iguala, los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron blanco de ataques coordinados por parte de policías de al menos dos municipalidades, bajo el posible mando de una persona aún desconocida y ante la pasividad de agentes federales y militares que supieron en todo momento lo que sucedía y no intervinieron.
Tras seis meses de revisiones a la investigación oficial y de indagatorias propias, el reporte del grupo de la CIDH señaló que aunque no tiene datos para informar con precisión qué pasó con los estudiantes desaparecidos, sí encontró elementos para cuestionar las tesis oficiales y sugiere una nueva: que el ataque pudo ser porque los jóvenes interfirieron sin saberlo con el traslado de un cargamento de drogas que habría ido en uno de los camiones que ellos habían tomado ese día con la intención de utilizarlos para acudir a una manifestación.