Capturan a cuatro soldados mexicanos por violar a mujeres indígenas

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos calificó la captura como un “logro histórico” ya que está investigando el caso en fuero civil en vez de por medio de justicia marcial.

Las mujeres, Valentina Rosendo e Inés Fernández, indígenas Me’phaa del estado de Guerrero, llevaron su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos después de que una investigación en el fuero militar no logró encontrar a los culpables.

Esta semana, medios de comunicación informaron que los fiscales que se especializan en violencia contra las mujeres de la Procuraduría General de la República fincaron cargos contra cuatro soldados. La fiscalía federal no ha comentado respecto a los arrestos que ocurrieron a finales del 2013, y el gobierno no ha dado a conocer de manera oficial las identidades de los soldados.

“La detención de los presuntos responsables representa una victoria importantísima para estas mujeres que han luchado contra todo para obtener justicia, incluyendo amenazas, demoras y retrocesos en sus casos,” señaló Maureen Meyer, coordinadora principal de la oficina en México.

La organización defensora de derechos humanos Tlachinollan dijo que “el acceso a la justicia en estos casos emblemáticos es un triunfo para todas las mujeres víctimas de violencia”.

Las mujeres fueron acusadas de mentir por señalar a militares como los responsables de abusar sexualmente de ellas.

Rosendo tenía 17 años cuando lavaba ropa en un río de su comunidad en el municipio de Ayutla, en Guerrero, y se acercaron ocho soldados a interrogarla sobre el paradero de un sospechoso. Al responder que no lo conocía, fue golpeada y violada por dos militares. Fernández preparaba agua en su casa cuando llegaron 11 soldados a preguntarle por su esposo. Al no responder, los militares se enfurecieron y la violaron.

En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a México ofrecer disculpas, resarcir económicamente a las dos mujeres y obligar a autoridades civiles a iniciar una investigación.

El gobierno se disculpó públicamente con Rosendo en 2011 y con Fernández en 2012. Pero hasta esta semana se dio a conocer el avance en la investigación de los crímenes.

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