México, 1 Dic (Notimex).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación impartió a personal del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF), un curso sobre el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad.
“El TEDF nos pidió este curso específico para ver cómo se aplica el protocolo en temas electorales, porque los temas de capacidad, discapacidad o incapacidad incluso han sido mucho de Derecho Civil”, dijo la directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Corte, Leticia Bonifaz Alfonzo.
Reconoció el esfuerzo de las autoridades electorales para apoyar a quienes tienen alguna discapacidad motriz o visual, al facilitar el acceso con sillas de ruedas a las casillas con rampas o la lectura de con boletas en braille.
Sin embargo “el asunto muy grave que ahorita se está viendo es el tema de alguna discapacidad mental”, comentó la funcionaria, al ser entrevistada en la sede del Tribunal capitalino luego de la inauguración del curso.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene el precedente de Ricardo Adair Coronel Robles, un joven de 24 años diagnosticado con síndrome de Asperger, que solicitó le quitaran el estado de interdicción que le impide ejercer por cuenta propia sus derechos jurídicos, civiles y políticos.
Bonifaz Alfonzo dijo que se han detectado casos de personas con síndrome de Down que al acudir a módulos del Instituto Nacional Electoral (INE), “el jefe del módulo determina si es capaz o incapaz sin ningún elemento”.
“Entonces alguien puede tener una credencial sin que tal vez tenga las posibilidades reales de ejercicio del derecho y a otros se les niega cuando deberían de tenerlo”, lamentó la funcionaria.
Destacó “la importancia de revisar todo el tema de discapacidad, porque los avances médicos han ido mucho más rápido que el avance del Derecho y tenemos un desajuste allí, porque la Corte ya llamó la atención sobre la sentencia de Asperger”.
Se necesita ver en cada caso concreto cómo se aplica el protocolo para un derecho específico, como en este caso el electoral.
La también catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) consideró que otro asunto que debe ser motivo de revisión es el de las personas mayores que padecen Alzheimer.
Se debe revisar si esta enfermedad implica retirarles la credencial de elector, si tienen momentos de lucidez o de demencia senil o ¿qué pasa con ellos? En muchos casos estaban invisibilizadas y tenemos que ver cómo se aborda jurídicamente, porque sí tiene una trascendencia mayor.
El magistrado presidente de la Tribunal Electoral capitalino, Armando Hernández Cruz, destacó a su vez el interés del organismo que encabeza por conocer con mayor profundidad dicho protocolo, sobre todo cuando ya trabaja en un modelo de justicia abierta que le permite acercarse más a los diversos sectores de la población.
Se refirió a la preocupación de la Corte por establecer pautas metodológicas que permitan actuar a los operadores del sistema de justicia nacional, en cada una de las materias que componen la actuación de los tribunales.
En específico en rubros como homologar criterios y contar con elementos que permitan la protección de los derechos humanos de los distintos grupos de la población.
“Este tipo de protocolos, de instrumentos con los que vamos a trabajar nos va a permitir optimizar, como es intención del Tribunal, el ejercicio de derechos político-electorales de grupos de población específicos que requieren herramientas adicionales para la protección y el ejercicio pleno de sus derechos humanos”, puntualizó.