México, DF, 04 de diciembre de 2015
CANACINTRA Y LA PGR COORDINAN ACCIONES PARA PREVENIR EL DELITO EN EL SECTOR INDUSTRIAL
• La falsificación de productos y prácticas desleales de comercio
• la defensa, promoción y difusión de los derechos de autor y de propiedad industrial
En el marco del 74 aniversario de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), la Procuradora General de la República Arely Gómez González ratificó el compromiso de la dependencia con el sector industrial para seguir coordinando acciones en favor de la denuncia y la cultura de la legalidad.
La titular de la PGR ratificó ante el Consejo Directivo Nacional de CANACINTRA los cuatro ejes de su gestión: procuración de justicia eficaz, respeto irrestricto a los derechos humanos, implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y transparencia y rendición de cuentas.
Sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) puntualizó que es un proceso histórico de transformación de los mecanismos de procuración e impartición de justicia, que repercutirán en el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Su implementación, dijo, se traducirá en una procuración de justicia transparente, accesible a todos y respetuosa de los derechos humanos.
“Si bien es cierto, el objetivo es lograr el esclarecimiento de los hechos delictivos, procurar que los responsables no queden impunes y que se reparen los daños a las víctimas, al mismo tiempo debemos garantizar la seguridad de las personas imputadas, con base en el respeto al principio de presunción de inocencia”, dijo.
Con el Nuevo Sistema, precisó, se cierran los espacios de opacidad y la posibilidad de actos de corrupción dentro de los procedimientos, generando un impacto positivo en la prevención y erradicación de los delitos, que afectan el crecimiento y desarrollo de las empresas, violentando los derechos de quienes promueven el empleo digno.
“Ello, debido a la instrumentación de acciones de combate al crimen organizado, a la falsificación de productos y prácticas desleales de comercio, que afectan en forma directa e indirecta a nuestras familias, nuestra economía y nuestros empleos”, manifestó.
Documentó que, con el convenio suscrito el 6 de diciembre de 2013, CANACINTRA y la PGR, realizan un trabajo coordinado para llevar a cabo acciones de prevención del delito, la defensa, promoción y difusión de los derechos de autor y de propiedad industrial.
El trabajo coordinado, indicó, ha permitido establecer mecanismos de cooperación que ha permitido iniciar más de mil 300 averiguaciones previas relacionadas con los sectores industriales representados por CANACINTRA, entre los que destacan los ramos de alimentos, bebidas, tabaco e industria diversa.
“Se han desmantelado 55 laboratorios de fonogramas, videogramas y videojuegos; una fábrica de ropa y otra de calzado; se han asegurado más de 4 toneladas de ropa apócrifa; más de 62 mil perfumes y cosméticos y 8 mil doscientos aparatos eléctricos” agregó.
Además, 236 mil artículos de papelería; 20 mil objetos relacionados con alimentos; un millón 140 mil unidades de materia prima, herramientas e insumos industriales; más de 13 millones de cigarrillos y 6 centros de producción y distribución de bebidas alcohólicas.
Estos resultados, aseguró, son posibles gracias a la participación conjunta, la suma de esfuerzos y una nueva actitud en favor de la denuncia y la cultura de la legalidad.
El Presidente Nacional de CANACINTRA Rodrigo Alpizar Vallejo reconoció el trabajo de la PGR y afirmó que, como parte integral del tejido socio económico, los industriales de la transformación no deben estar ajenos a un elemento sustantivo para el fortalecimiento del Estado de Derecho como es la impartición de justicia.
“La incertidumbre, las situaciones de tensión social que distorsionan el Estado de Derecho, la inseguridad y su incidencia sobre la actividad productiva, son asuntos que generan inquietudes en los industriales porque se transforman en un costo asociado a las actividades productivas que limitan en potencial competitivo de las empresas”, señaló.
Sostuvo que el tránsito de la desconfianza a la cultura de la legalidad pasa por un cambio sustantivo en el sistema de justicia y un nuevo modelo de Ministerio Público caracterizado por una capacidad de respuesta eficaz.
Para la Industria de la Transformación, subrayó, el esfuerzo que está llevando a cabo la PGR es fundamental para garantizar las condiciones de acceso efectivo a una justicia moderna, abierta y capaz de servir con prontitud, calidad, eficiencia y transparencia.