Después de casi tres horas de posicionamientos por parte de las siete fracciones parlamentarias en el Palacio Legislativo de San Lázaro, los legisladores avalaron el dictamen que establece los principios del Artículo 20 de la Constitución Política para el proceso acusatorio y oral.
El nuevo ordenamiento fija las normas que han de observarse en la investigación, procesamiento y sanción de los delitos cometidos en territorio nacional, que sean competencia de los órganos jurisdiccionales locales y federales.
Asimismo los lineamientos para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y la reparación de los daños, respetando en todo momento los derechos humanos.
El nuevo Código de Procedimientos Penales pretende enmendar las fallas que enfrenta el sistema penal vigente, así como unificar procedimientos a nivel nacional y evitar espacios de impunidad argumentando situación de territorialidad o ámbitos de aplicación.
Tras ser avalado por el pleno inició la discusión en lo particular de 72 reservas presentadas por 21 diputados. El primer libro recibió 304 votos en favor, una abstención y 105 en contra; el segundo tuvo 289 votos en favor y 98 en contra y pasó al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Este nuevo ordenamiento permitirá la uniformidad de la justicia en el país, tomando como base el modelo acusatorio. Dispone un catálogo de principios y derechos en el procedimiento, lo que permite encauzar la actuación de las partes que intervienen en el procedimiento penal.
Además instituye la reglamentación de los actos de investigación que se relacionen con la posible violación a derechos humanos, o que afecten el debido proceso en el nuevo código.
Es decir los cateos, la intervención de comunicaciones privadas o tecnologías de la información, las órdenes de aprehensión o detenciones, la toma de muestras sin el consentimiento del imputado y el registro de la investigación.
Asimismo el descubrimiento de la investigación, las inspecciones corporales, las entrevistas a testigos e imputado, y la identificación de sospechosos.
Establece medidas alternativas de solución de controversias, a efecto de resolver los conflictos que deriven de conductas punitivas y, con ello, evitar juicios largos.
El documento indica que las audiencias tendrán como característica esencial la publicidad con la que se llevarán a cabo, de manera que puedan ser presenciadas tanto por las partes como por el público en general.
También prevé que los registros de las actuaciones en todo el procedimiento se realicen por escrito, audio o video, y en general por cualquier soporte que garantice su reproducción.
El documento avalado por el pleno dispone de un glosario de términos y objetivos comunes aplicables a las entidades federativas y a la federación, lo que permitirá evitar diversidad de interpretaciones en la aplicación del procedimiento penal acusatorio.
Se establece una distinción clara de los sujetos y las partes procesales, lo cual brindará certeza jurídica al determinar las atribuciones, facultades u obligaciones de los que intervienen en el proceso penal.
Asimismo replantea el vínculo entre la policía y el Ministerio Público, con lo que se pretende integrar las acciones de ambos, respetando sus atribuciones, facultades y obligaciones.
Del mismo modo establece que durante el procedimiento penal existan soluciones alternas, en la aplicación de un acuerdo reparatorio que puede ser desarrollado por mediación o conciliación, que será regulado por leyes especiales.
El Ministerio Público podrá ordenar las medidas de protección idóneas, y en aquellas que impliquen una restricción a la libertad del imputado deberán resolverse en audiencia ante el juez de control dentro de los cinco días siguientes, a efecto de que la ratifique, modifique o cancele mediante la aplicación de las respectivas medidas cautelares.
Considera la posibilidad de que el juez imponga providencias precautorias a efecto de garantizar la reparación del daño y podrán ser solicitadas por la víctima, el ofendido o el Ministerio Público, por un periodo máximo de 60 días naturales, prorrogables hasta por 30 días.
En lo que respecta a la valoración de las pruebas, dispone que el órgano jurisdiccional asignará el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica.
El código también establece como medios de impugnación de las resoluciones derivadas del proceso acusatorio, a los recursos de revocación y apelación, en los que las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que causen agravio.
Al fundamentar el dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, el diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez señaló que el código permitirá salvaguardar los derechos de quienes participen en procedimientos penales y enmendar fallas del sistema penal vigente.
Con los instrumentos jurídicos que se establecen en el nuevo código se podrán enmendar “las fallas, la impunidad y sus consecuencias que enfrenta el sistema penal vigente”, afirmó.
El presidente de esa comisión recordó que la creación de ese nuevo instrumento deviene de la reforma constitucional en la materia efectuada en 2008, mediante la cual se estableció que el sistema acusatorio tendría ocho años para entrar en vigor y que para 2016 deberían estar unificados todos los sistemas penales del país.
El legislador priista subrayó la importancia de su aprobación, dado el agotamiento, agobio e inoperancia del sistema penal que se encuentra vigente. “La transformación de nuestro sistema justicia penal es, sin duda, parte de la transformación de nuestro sistema democrático”, recalcó.
Explicó que el código prevé que los principios que regirán a los procedimientos penales sean la publicidad, la contradicción, la concentración, la continuidad y la inmediación. Esto, agregó, sin pasar desapercibida la inclusión de principios como igualdad ante la ley, igualdad entre las partes, juicio previo y debido proceso, presunción de inocencia y prohibición de doble enjuiciamiento.
Refirió que como parte de las innovaciones que plantea el código se encuentran ajustes en casos de inimputables y al procedimiento ordinario.
Además indicó que se atienden los casos en que los miembros de las comunidades indígenas sean parte del proceso penal y a las víctimas del delito, sobre todo cuando se trate de mujeres y menores.
El código pretende salvaguardar como lo manda la Constitución los derechos de todos los mexicanos en la eventualidad que hayan de participar de un procedimiento penal, subrayó.
Los diputados de las diversas bancadas sostuvieron una intensa discusión sobre el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, en el marco además del XCVII Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917.
A excepción de la fracción de Movimiento Ciudadano, que cuestionó el contenido del documento, los demás grupos en la Cámara de Diputados hablaron una y otra vez, con sus matices, de las bondades del dictamen con el cual se da a México un instrumento para armonizar la impartición de justicia, combatir la impunidad y la corrupción.
Durante más de 70 minutos las fracciones fijaron sus posiciones en el marco de la discusión del dictamen de la minuta que envió el Senado de la República para expedir el nuevo instrumento en materia de justicia penal.
Alberto Rodríguez Calderón, del PRI, argumentó que el nuevo código sienta las bases para el sistema penal acusatorio en el país; “es más garantista ya que privilegia el concepto del debido proceso, la presunción de inocencia y los tratados internacionales en derechos humanos”.
Expuso que el ordenamiento crea mecanismos alternos de solución de controversias, lo que significará el reconocimiento del Estado a la voluntad de las partes, el empoderamiento de los ciudadanos y la solución de problemas en el menor tiempo posible y sin gastos.
Al fijar la postura del PAN, el legislador Jorge Sotomayor Chávez subrayó: el Código Nacional de Procedimientos Penales representa un cambio de paradigma en la aplicación de justicia en México, pues existirá una verdadera presunción de inocencia.
Ahora, sostuvo, los medios de comunicación podrán acudir a las audiencias y conocer de manera directa lo que sucede y podrán confrontar pruebas acusatorias y de defensa ante el juzgador.
Catalino Duarte Ortuño, del PRD, admitió que la implementación de la oralidad en los procesos permitirá conocer de manera pública las manifestaciones y alegatos de afectados y presuntos culpables.
No obstante, indicó, debe trabajarse de manera seria en los valores, la cultura de la legalidad y la capacitación policiaca, así como ir a fondo en el tema de la corrupción y tráfico de influencias; “eso es lo que afecta seriamente la procuración y administración de justicia en este país”.
Antonio Cuéllar Steffan, del PVEM, manifestó su apoyo al dictamen y destacó que contiene las reglas de procedimiento, que serán aplicadas en lo sucesivo para lograr “algo que ha quedado muy distante de cumplirse a favor de la ciudadanía, que es hacer justicia”. “En este Código Nacional de Procedimientos Penales encontramos el primer eslabón de una segunda etapa que tenemos que iniciar en este proceso de transformación de México, en el que venimos participando”, aseveró.
Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Movimiento Ciudadano, opinó que el dictamen contiene “graves deficiencias” y establece la presunción de culpabilidad sobre el de inocencia. A su juicio, restringe libertades de particulares, lo que traiciona el espíritu de la reforma constitucional de 2008 ya que muchas de esas disposiciones fueron matizadas y degradadas.
Lilia Aguilar Gil, del PT, aseveró que el actual sistema penal se encuentra débil, viciado y existe discriminación en la aplicación de justicia, al recordar los casos de indígenas afectados por procedimientos irregulares en el país.
Expuso que con la aplicación del nuevo código se da prioridad a la justicia restaurativa y sobre todo otorga certidumbre y seguridad jurídica a la población; “es un cambio de paradigma, queremos cambiar la cultura de la legalidad en el país”.
Fernando Bribiesca Sahagún, de Nueva Alianza, se pronunció en favor del dictamen y puntualizó que se pretende modernizar las normas procesales penales con pleno respeto a los derechos humanos.
Consideró que con el ordenamiento procesal único existirá homologación entre todas las áreas de los distintos niveles de gobierno encargadas de la procuración de justicia y se concede mayor certeza al imputado y a la víctima, es decir “se busca castigar al culpable y absolver al inocente”.