Está claro que la disposición de la ley SB 1070 se anticipa a la ley federal, dijo Omar Jadwat, abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) encargado de interponer la petición este lunes ante el máximo tribunal judicial del país.
El lenguaje de la ley va mucho más allá de lo que el Congreso considera aceptable, argumentó.
La norma considera ilegal que alguien, de manera consciente, transporte, oculte, albergue y proteja a un indocumentado, y clasifica como delito que se aliente e induzca a un extranjero a ingresar a Arizona en forma ilegal.
La previsión forma parte de la controversial ley antiinmigrante SB 1070, cuyas medidas facultarían a la policía a interrogar y detener a sospechosos de estar en el país sin documentos.
Otras disposiciones de la SB 1070 han sido anuladas por las cortes, y tres fueron desechadas por la propia Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que las consideró precedidas por la ley federal.
En enero pasado, el abogado John Bouma, de la oficina jurídica de la gobernadora Jan Brewer, pidió a la Suprema Corte levantar una medida cautelar que frena la disposición en cuestión, y arguyó que no es impropio que Arizona establezca sus propias leyes para controlar la inmigración.
Bouma sostuvo que el hecho de que existan leyes federales que penalizan la misma conducta no reemplaza la acción del estado.
Sin embargo, Jadwat aseguró que la medida de Arizona no es sólo paralela de la legislación federal, por lo cual socava directamente la ley federal mediante la imposición de sanciones penales por una conducta que el Congreso decidió no sancionar.
La disposición, indicó, crea sanciones adicionales y diferentes no contempladas por la ley federal.
En cualquier caso, aun cuando la ley de Arizona se superpone a leyes federales sobre albergue, también le retira a las autoridades federales la “facultad exclusiva para juzgar estos crímenes”, explicó.