Braskem-Idesa, empresa que es una sociedad integrada por una filial de Odebrecht, quien declaró haber sido partícipe de sobornos a altos funcionarios de gobierno, niega haber incurrido en alguna irregularidad dentro de su operación nacional.
En un comunicado, Braskem-Idesa dijo que el acuerdo firmado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Security Exchanges Comission (SEC) en diciembre del 2016 no contiene ningún informe, ni ningún reconocimiento de que hayan realizado irregularidad alguna en relación a su actividad en territorio mexicano.
Añadió la empresa que el acuerdo no incluye “lo que respecta al contrato del suministro de etano celebrado con Pemex”.
Pemex dio a conocer cuatro contratos firmados con Odebrecht y su filial Braskem en el periodo investigado, mientras la empresa brasileña aclara su acuerdo judicial.
Uno de esos contratos, justamente es el suministro de etano para el complejo petroquímico de Braskem-Idesa, que entró en vigor el año pasado, el cual fue firmado en febrero del 2010 entre Pemex Gas y Petroquímica Básica, Braskem y Grupo Idesa. La aclaración se llevó a cabo gracias al acuerdo judicial, además de la presión que realizaron los medios.
Algunos de los empleado de Pemex son parte de las investigaciones realizadas por las autoridades, así lo informó la misma empresa mexicana, aunque estos mismos son escuchados como testigos en la investigación abierta, luego de que Odebrecht admitió haber pagado 10.5 millones de dólares a altos funcionarios públicos entre 2010 y el 2014 cambio de contratos.
Odebrecht, a través de sus altos funcionarios, confesó que entre el 2001 y el 2016 efectuó pagos ilegales por unos 788 millones de dólares a funcionarios públicos y partidos políticos en Brasil, Angola, Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela para obtener ventajas inapropiadas para concretar negocios.
En México entre el 2010 y el 2014, Odebrecht aceptó haber pagado 10.5 millones de dólares a funcionarios públicos para la adjudicación de contratos; siendo certeros, durante 2013 y 2014, realizó pagos que ascendían a los seis millones de dólares a un funcionario de la alta administración de una empresa de la propiedad y bajo el control del gobierno mexicano, esto para obtener la adjudicación de un proyecto.