La fiscalía general de Brasil informó el viernes que reclamará 1.550 millones de dólares a seis compañías de construcción e ingeniería por su presunta participación en un escándalo de sobornos en la firma petrolera estatal Petrobras.
La cifra incluye 111 millones de dólares en indemnización por fondos públicos que la fiscalía dice fueron robados a Petrobras, más de 333 millones de dólares en multas y 1.110 millones en daños punitivos.
Fue la medida más reciente de los fiscales en el que es considerado el caso más grande de corrupción en Brasil. El escándalo dañó severamente la reputación de Petrobras, la mayor compañía del país y fuente de orgullo nacional.
Sin embargo, las suertes de Petrobras han caído en años recientes: La compañía está sumida en deuda, perdió miles de millones de valor de mercado, ha quedado virtualmente fuera de los mercados crediticios internacionales y aún no ha cumplido su promesa de desarrollar rápidamente unos yacimientos petrolíferos masivos frente a las costas del país.
Se cree que hasta 100.000 millones de barriles de crudo yacen en reservas en el fondo marino brasileño, riquezas que los líderes han dicho que usarán para impulsar a la nación al mundo desarrollado y financiar ambiciosos proyectos de salud y educación.
El fiscal Deltan Dallagnol, jefe de la fuerza investigadora especial, dijo en una declaración el viernes que el paso anunciado “surgió de la convicción de la Fiscalía Federal de que todo el mundo en una república debería ser castigado por igual”.
Dallagnol resaltó que los fiscales estaban trabajando para realizar cambios profundos en la forma en que se hacen negocios en Brasil, donde predominan los acuerdos ocultos, los sobornos y competencias desiguales.
“La corrupción puede ser vista como una decisión basada en costos versus beneficios”, dijo. “Las compañías se vuelven corruptas porque los beneficios superan a los costos. Debemos revertir esa fórmula”.
La presidenta Dilma Rousseff, que no ha sido vinculada directamente al escándalo pese a haber encabezado la junta de Petrobras durante varios años mientras existieron esos sobornos, ha dicho que la investigación cambiaría para siempre a Brasil y limpiará sus prácticas de negocios.
En declaraciones a los periodistas en Brasilia, Rousseff reiteró el viernes ese sentimiento, diciendo que “la impunidad lleva agua al molino de la corrupción. Por lo tanto, creo que hoy se dio un paso en Brasil, y es un paso que tenemos que examinar y valorar”.
En la investigación denominada “Operación lavado de autos” —porque inició en 2009 con la policía federal investigando lavado de dinero en una gasolinera que tenía un servicio de lavado de coches— los fiscales alegan que fuertes empresas de construcción e ingeniería de Brasil sobornaron a ejecutivos de Petrobras a cambio de obtener contratos de cifras infladas con la firma petrolera. El sistema funcionó durante más de una década.
Esos sobornos equivalieron a entre 1% y 3% del valor total de los contratos, que a veces valían miles de millones. Los fiscales dicen que parte del dinero fue entregado a los cofres de campaña del gobernante Partido de los Trabajadores y sus aliados, a veces mediante donaciones legales de firmas de construcción e ingeniería.
Las firmas nombradas en la medida del viernes son: Camargo Correa, Sanko, Mendes Junior, OAS, Galvao Engenharia y Engevix.