La ley que entrará en vigor en el país africano tipifica como delito e impone penas de cadena perpetua a la homosexualidad, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la “homosexualidad agravada”.
Prevé penas de prisión de cinco a siete años por la “promoción, tentativa de cometer, complicidad y conspiración para participar en la homosexualidad.
Pillay afirmó “Que la desaprobación de la homosexualidad por algunos nunca puede justificar la violación de los derechos humanos fundamentales de los demás”.
“Esta ley va a institucionalizar la discriminación y quizá aliente el acoso y la violencia contra las personas por su orientación sexual”, sostuvo. Dicha ley “puede dar lugar a abusos de poder y acusaciones en contra de cualquiera, no sólo de las personas LGBT”, afirmó.
Subrayó que Uganda está obligada, tanto por su propia constitución y por el derecho internacional, a respetar los derechos de todos los individuos y protegerlos de la discriminación y la violencia.
Expresó además su profunda preocupación puesto que la ley también podría poner en peligro la importante labor de los defensores de los derechos humanos en el país e instó al Gobierno de ese país a tomar medidas inmediatas para asegurar que no sean procesados por su defensa.
“Con la tasa de infección por VIH, en aumento en Uganda, la ley tendrá un impacto negativo en los esfuerzos para prevenir la transmisión y proporcionar tratamiento para las personas que viven con el virus, así como socavar el compromiso del gobierno a un acceso no discriminatorio a servicios de salud”, agregó la Alta Comisionada.
Enfatizó que los Estados tienen la obligación legal de proteger a todos los individuos de violaciones de derechos humanos, con independencia de su orientación sexual o identidad de género.
Finalmente, la Alta Comisionada expresó su esperanza de que la nueva ley sea revisada a la brevedad posible a la luz de estos conflictos fundamentales con la Constitución de Uganda y sus obligaciones internacionales de derechos humanos.