En declaraciones citadas hoy por el portal digital Ecuador.Inmediato, la funcionaria dijo que el organismo hemisférico carece de facultad para pedir la suspensión de un caso sentenciado.
Lo que no estamos de acuerdo es que bajo el nombre de la protección de los Derechos Humanos, se haya usado el sistema de las medidas cautelares, otorgadas por la Comisión, para lograr que se genere impunidad en un caso que se ha sentenciado, dijo Zúñiga.
La justicia ecuatoriana dispuso el viernes pasado la captura del legislador opositor y los activistas Carlos Figueroa y Fernando Villavicencio, por el delito de injurias al presidente, Rafael Correa.
Correa fue acusado por Jiménez, Villavicencio y Figueroa de ordenar supuestamente la incursión armada al hospital de la Policía, donde estuvo por algunas horas durante la revuelta del 30 de septiembre de 2010, que dejó varios muertos y heridos.
Al resolver una contrademanda interpuesta por Correa, los tribunales condenaron a los dos primeros a 18 meses de prisión y al tercero a 180 días de arresto, por lo que son buscados por autoridades desde el viernes anterior.
Zúñiga afirmó que aquí no se está persiguiendo a Cléver Jiménez, aquí se está persiguiendo el delito que él cometió, de injuriar al presidente cuando lo acusó de delitos de lesa humanidad, argumentó.