Guatemala, 22 Sep (Notimex).- Dos juezas y un magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala fueron capturados por su presunta responsabilidad en caso de corrupción, informaron hoy autoridades.
Las capturas son resultado de las investigaciones del Ministerio Público y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), misión de las Naciones Unidas que colabora en la lucha contra el crimen organizado.
En operativos de las autoridades este martes fueron arrestadas las juezas Jisela Reinoso Trujillo y Marta Sierra de Stalling, y el presidente de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del ramo Civil del occidental departamento de Quiché, Erick Santiago de León.
Reinoso Trujillo, detenida en su residencia en la capital, es acusada de lavado de dinero u otros activos, enriquecimiento ilícito y obstaculización a la acción penal.
Según la CICIG, la jueza presenta un “incremento injustificado de su patrimonio, ya que cuenta con bienes que sobrepasan su poder adquisitivo y resultan incongruentes con los ingresos que devenga como empleada pública y como docente”.
Añadió que “algunos bienes de la jueza fueron cancelados parcialmente con dineros que nunca ingresaron a sus cuentas bancarias”.
Su colega, Sierra de Stalling, captura en su oficina, sindicada de los cargos de cohecho pasivo y prevaricato, habría beneficiado con fianzas a seis procesados de la red de defraudación aduanera “La Línea”, quienes así quedaron en libertad.
Por este caso, de un grupo criminal que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), renunciaron el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2016), ambos en prisión preventiva.
Las investigaciones del Ministerio Público (MP) y de la CICIG determinaron que la jueza Sierra de Stalling “decidió ligar a proceso a los veintidós sindicados” en el caso de La Línea detenidos el 16 de abril.
Sin embargo sólo envió a prisión preventiva a dieciséis de ellos, mientras que a Francisco Javier Ortiz Arriaga (alias teniente Jerez), Miguel Ángel Lemus Aldana, Salvador Estuardo González Álvarez alias “eco”, Mónica Jáuregui, Carlos Icxtuc Cuc y José Rolando Gil Monterroso les otorgó arresto domiciliario sin vigilancia.
La CICIG señaló que se habría dado una negociación ilegal entre los detenidos y la jueza Sierra de Stalling, y “a cambio de dinero”, emitió la resolución que favoreció con las medidas sustitutivas a los seis detenidos que quedaron libres, y son claves en la estructura criminal y de corrupción de “La Línea”.
En tanto, en el caso de la captura del magistrado Santiago de León, se indicó que se le acusa de cohecho pasivo por pretender cobrar una comisión de unos 10 millones de quetzales (1.3 millones de dólares) a cambio de una resolución favorable para una empresa.
El magistrado y otros dos abogados detenidos antes por tráfico de influencias habría negociado el pago de 10 millones de quetzales como comisión, a cambio de un fallo favorable para una empresa que fue sentenciada a pagar 93 millones de quetzales (11.6 millones de dólares) dentro de una causa civil.
“Para quienes amamos la justicia, cómo duele la corrupción de un juez. Traiciona la misión sublime de juzgar y socava la confianza ciudadana”, escribió en su cuenta de red social el jefe de la CICIG, el ex fiscal colombiano Iván Velásquez.