“Yo ya exploré esto, ya expliqué que es mentira”, afirmó Amado Boudou al salir de la entrevista que mantuvo con el juez Ariel Lijo para entregarle documentos “aclaratorios” sobre la causa, aunque no son propiamente una declaración judicial. “Más allá de cualquier decisión que se tome, porque los tiempos los fija ahora el señor juez, vine a ponerme a entera disposición, que sepa que va a contar con toda la colaboración”, dijo.
Boudo explicó a la prensa que le solicitó al juez la mayor celeridad posible para que se pueda esclarecer todo y concluya la campaña de difamación que, consideró, hay en su contra. La víspera, la situación judicial del vicepresidente se complicó luego de que un fiscal solicitara su declaración como imputado en un caso de corrupción.
La investigación comenzó en marzo de 2012, cuando un programa de televisión denunció que Boudou había cometido el delito de tráfico de influencias al rescatar a la empresa Ciccone Calcográfica mediante prestanombres.
Dicha firma, representada por Alejandro Vanderbroele, un supuesto amigo de Boudou, estaba en la quiebra y adeudaba 20 millones de dólares al fisco, pero fue rescatada en 2010 gracias a la intervención del vicepresidente, quien entonces era ministro de Economía. Más tarde, la firma logró un contrato por parte del Estado, con Boudou ya como vicepresidente para la impresión de billetes, lo que le redituaría ganancias por 50 millones de dólares.
El delito que se le imputa, aunque todavía no está procesado, es el de “negociaciones incompatibles con la función pública”, acusación que él siempre ha rechazado al desligarse de cualquier interés personal en el rescate de la empresa. Esta mañana, el jefe de gabinete Jorge Capitanich defendió a Boudou al asegurar que ha sido víctima de un linchamiento mediático, en tanto que la oposición en pleno exige su renuncia.