El Senado de la República aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual pretende sancionar delitos de este tipo.
En la sesión ordinaria se aprobó por 97 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones las reformas a los artículos 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114, 116 y 122 de la Constitución.
Sin cambios respecto a lo aprobado por la Cámara de Diputados, se establece que dicho sistema será una instancia autónoma, de coordinación entre autoridades de todos los órdenes de gobierno, para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y el control de recursos públicos.
Las modificaciones otorgan mayores facultades a la Auditoria Superior de la Federación, al eliminarse el principio de anualidad, es decir, podrá auditar en tiempo real fondos y fideicomisos, no sólo públicos sino también privados, que manejen recursos federales, y se crea la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
En materia de declaración patrimonial y de conflictos de intereses, los servidores públicos estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determinen las leyes aplicables.
También estarán obligados a presentar no sólo su declaración patrimonial, sino además sus declaraciones de intereses, que serán una herramienta para prevenir el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito de funcionarios, a sus familiares y amigos.
El Senado tendrá la facultad de ratificar el nombramiento del secretario de la Función Pública, que tiene como fin garantizar la imparcialidad de esa institución, que tiene a su cargo los procesos de control y fiscalización del gobierno federal.
La reforma propone el procedimiento de extinción de dominio en casos de enriquecimiento ilícito. Para la prescripción de sanciones administrativas graves, se aprueba ampliar el plazo a siete años por las faltas administrativas graves que prevé la legislación secundaria.
Establece que se impondrán sanciones a los particulares vinculados con actos de corrupción, que consistirán en inhabilitación para participar en adquisiciones, disolución o intervención de la empresa y la obligación de reparar los daños al erario.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos García, expuso que por vez primera en la historia del país, habrá un marco jurídico e institucional de mayor amplitud y alcances, coordinado, congruente, sistemático y ordenado para prevenir, detectar y sancionar a los tres poderes de la Unión y a los tres órdenes de gobierno.
En tanto, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Alejandro Encinas Rodríguez, afirmó que si bien el sistema representa apenas un paso adelante, es importante que cobre vigencia, para detener la corrupción que, desafortunadamente, ya se convirtió en una forma de gobierno.
La senadora Marcela Torres Peimbert, del Partido Acción Nacional (PAN), argumentó a nombre de su bancada que la corrupción le cuesta a México 1.5 billones de pesos al año, cifra que representa 10 por ciento del Producto Interno Bruto, 45 veces más el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El senador Armando Ríos Piter, del PRD, consideró que este Sistema Nacional Anticorrupción será incompleto si no se logra eliminar el fuero a todos los servidores públicos y fortalece el tema del conflicto de intereses entre funcionarios y empresas privadas.
Por ello, el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se pronunció para que en un año se modifique y mejore este marco legal.
Al respecto, la senadora priista Lilia Merodio Reza defendió los alcances de la reforma y agregó que “aquí se han mostrado algunos ejemplos, y yo recuerdo que no es escondiendo a un diputado electo en una cajuela, que haciendo uso del fuero se proteja así con impunidad, como tampoco a los que vitoreaban en templetes a Abarca, que hoy precisamente se encuentra en la cárcel”.
El senador Ernesto Cordero Arroyo, del PAN, aseveró que no se debe engañar a los ciudadanos al aseverar que con esta legislación se avanzará en la erradicación de la corrupción, e indicó que en esta reforma “no se toca al Presidente de la República, a los gobernadores, ni a los presidentes municipales, lo cual deja intacta una gran laguna para la opacidad”.
Para la discusión en lo particular se reservaron 10 artículos y propuestas de adición en cinco más. Una vez que se avale en lo particular se turnará a los congresos estatales para su ratificación, por tratarse de una reforma constitucional.