La iniciativa, una de las reformas cruciales del programa de la presidenta Michelle Bachelet, pasará ahora al Senado en segundo trámite, luego de 25 horas de discusión. El proyecto contó con apoyo de parlamentarios de la oposición en algunos artículos, particularmente en el artículo octavo sobre la ordenanza general de aduanas.
Al final de la sesión de este miércoles, la bancada de la derechista Unión Demócrata independiente (UDI) exhibió un lienzo que decía: “Clase media, que en paz descanse”. La propuesta legal contempla incorporar a las arcas fiscales recursos equivalentes a un 3.02 por ciento del PIB, esto es, cerca de ocho mil 200 millones de dólares, una vez que la reforma entre en régimen.
La normativa fija un sistema escalonado de aplicación, por lo que el impacto total se alcanzará sólo en el año 2018. Las principales fuentes de los nuevos recursos serán las alzas impositivas a las empresas (de 20 a 25 por ciento).
Al mismo tiempo se eliminan regímenes establecidos en la década de los 80 como medios para incentivar la inversión, el Fondo de Utilidad Tributaria (FUT) y el DL 600. De acuerdo con el gobierno, los nuevos recursos del Estado se destinarán a financiar la reforma educacional (costo aproximado evaluado entre 1.5 y 2 por ciento del PIB).
Además, los recursos se destinarán a mejorar las políticas sociales (salud pública y pensiones del sistema solidario) y a reducir el déficit estructural, fijándose como meta llegar a pleno equilibrio al 2018.