México, 4 Nov (Notimex).- La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Ley de la Economía Social y Solidaria, y establece la transferencia del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Este cambio se efectuó al considerar que es acorde la Ley en la materia, al promover la superación de la población en situación de pobreza y marginación, a través de su organización y participación activa.
Con esta iniciativa se crea la ley reglamentaria del párrafo séptimo del Artículo 25 de la Constitución, referente al sector social de la economía, y que adiciona la Fracción XIV al Artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La propuesta legislativa fue enviada por el Ejecutivo federal y la entregó a la Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre como parte del Paquete Económico 2016, y el dictamen fue avalado por 21 votos en favor y cuatro en contra.
Los integrantes de la comisión, que preside Javier Guerrero García, consideraron que la iniciativa busca promover en los individuos el desarrollo de sus destrezas para insertarse de manera productiva en la economía.
Asimismo, preparar a las personas para sus actividades productivas propias o para incursionar en el mercado laboral.
Con la fusión del Programa de Fomento a la Economía Social y el Programa de Opciones Productivas, se promueve que las personas en situación de pobreza cuenten con acceso a opciones para desarrollar proyectos sustentables y productivos.
Además, la transferencia del órgano administrativo desconcentrado Instituto Nacional de la Economía Social forma parte de una serie de acciones propuestas por el Ejecutivo federal, que buscan adecuar y redimensionar la estructura de la Administración Pública Federal.
La transferencia del INAES debe realizarse mediante las reformas a la Ley de la Economía Social y Solidaria, tomando en cuenta que la Sedesol tendrá a su cargo a ese Instituto, para lo cual debe contar con el ámbito de competencia necesaria. Además, se consideró que la modificación brindará certeza jurídica al sector.
Finalizó que las propuestas de reforma a este ordenamiento traerán como consecuencia la mejora en los procesos de planeación, programación y aplicación de los recursos públicos destinados por el Instituto Nacional de la Economía Social a los beneficiarios.