De acuerdo con un reporte elaborado por la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL), el año pasado se aprobaron un total de 184 leyes migratorias y se adoptaron 253 resoluciones.
Esas cifras representaron un incremento de 64 por ciento en comparación con las 267 leyes y resoluciones aprobadas en 2012.
Si se consideran sólo las leyes promulgadas, la cifra significa un aumento de de 18 por ciento en 2013 en relación con el mismo período en 2012, con 156 legislaciones.
Sin embargo, la NCSL destacó en el reporte que la orientación de las leyes migratorias estatales cambió en 2013 en relación a los años anteriores, pasando de enfocarse en medidas policíacas a la de otorgar algunos beneficios estatales para los inmigrantes.
El viraje, explicó, fue motivado por la decisión en 2012 de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos en la que anuló varias disposiciones relacionadas con la aplicación de la ley antiimigrante SB 1070 de Arizona.
Apuntó que también influyó el Programa de Acción Diferida, emitido bajo orden ejecutiva en 2012, que permite a algunos jóvenes indocumentados que llegaron a este país siendo niños, el poder vivir y trabajar en Estados Unidos por un período renovable de dos años, sin ser deportados.
Las iniciativas “oprobiosas” que contenían múltiples acciones relacionadas con la inmigración han desaparecido en gran medida en las legislaturas estatales, apuntó la NCSL.
En 2011, se presentaron más de 50 proyectos legislativos en un total de 30 entidades. Estados como Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah promulgaron leyes similares a la SB 1070 de Arizona, las cuales fueron impugnadas y frenadas por las Cortes.
En 2012, cinco entidades consideraron proyectos de ley similares: Kansas, Mississippi, Missouri, Rhode Island y Virginia del Oeste. Ninguna de esas iniciativas fue promulgada.
Alabama enmendó su ley de 2011, HB 56, y promulga una nueva y reformada HB 658 en 2012.
En 2013, sólo Georgia actuó para modificar los requisitos de verificación de autorización para el trabajo bajo el sistema federal E–Verify y los requisitos de licencia de conducir.
Ocho entidades, incluyendo California, Colorado, Connecticut, Illinois, Maryland, Nevada, Oregon y Vermont, se sumaron a Nuevo México, Utah y Washington en autorizar la emisión de licencias de conducir a inmigrantes indocumentados.
Georgia y Maine promulgaron leyes más limitadas en 2013. Georgia permite un permiso de conducir temporal para aquellos con extensiones de visa pendientes.
Maine exime del requisito de presencia legal en el país a los indocumentados que han tenido licencias de conducir desde hace varios años.
En cuatro entidades, Colorado, Minnesota, Nueva Jersey y Oregón, se aprobó otorgar colegiaturas estatales subsidiadas para estudiantes inmigrantes indocumentados, con lo que se elevó a 15 el número de estados que ofrecen actualmente este beneficio.
California promulgó en 2013 una serie de leyes que abordan la protección de los inmigrantes no autorizados, una de las cuales prohíbe a la policía local retener a las personas para la deportación federal si son detenidos por delitos menores.
También, California autorizó a la Suprema Corte del estado, el admitir a indocumentados en el ejercicio de la abogacía.
Otras leyes aprobadas en California el año pasado incluyen las licencias de conducir para los inmigrantes no autorizados y la prohibición a los notarios públicos de actuar como consultores de inmigración.