“El reporte expone una brutalidad que representan un marcado contraste con nuestros valores como nación. Es la crónica de una mancha de nuestra historia que nunca más debe ocurrir”, dijo la presidenta del panel, la demócrata de California, Dianne Feinstein.
Aunque la divulgación pública fue opuesta por los tres senadores republicanos del panel, el Comité envió el reporte de seis mil 300 páginas a la propia CIA y la Casa Blanca, donde su liberación era apoyada por el presidente Barack Obama.
Un vocero de la agencia de inteligencia confirmó que trabajará de manera expedita para desclasificar el documento.
Las conclusiones del informe, que habían sido filtradas desde la semana pasada a The Washington Post, sostienen que la agencia atribuyó información de inteligencia a las técnicas de tortura cuando en realidad las había obtenido antes de los interrogatorios.
El reporte revela asimismo lo que funcionarios estadounidenses describieron como la existencia de una red secreta de sitios de detención de sospechosos de terrorismo que fue desmantelada por el presidente Barack Obama en 2009.
Asimismo da a conocer divisiones internas sobre el programa de interrogatorio, incluyendo una instancia donde empleados de la CIA abandonaron una prisión secreta después de declararse perturbados por las medidas empleadas allí contra los prisioneros.
En otro caso, funcionarios en los cuarteles centrales de la agencia demandaron la continuación de duras técnicas de interrogatorio a pesar de que analistas estaban convencidos de que los prisioneros no tenían más información.
Las revelaciones surgen en medio de una disputa pública entre la CIA y Feinstein, quien acusó a la agencia de espiar las actividades de miembros del Comité encargados de la elaboración del reporte. El director de la CIA, John Brennan negó haber cometido acciones ilegales.
El presidente Barack Obama sostuvo el pasado 12 de marzo que la Casa Blanca no intervendrá en la disputa.
Obama defendió, sin embargo, la decisión de Brennan de referir al Departamento de Justicia la acusación en que personal de la agencia penetró de manera ilegal una red de cómputo creada para el Comité de Inteligencia del Senado.