El referéndum, impulsado desde el 2012 por congresista Miguel Gómez y que recogió firmas entre los capitalinos al asegurar que la gestión de Petro era un desastre para la ciudad, estaba previsto para el 2 de marzo pero como el Ministerio de Hacienda sólo desembolsará los recursos hasta la próxima semana, y se requieren al menos 33 días para organizar la consulta, los plazos no son suficientes, indicó la Registraduría en un comunicado en su página de internet.
El Ministerio de Hacienda dijo en la jornada en un comunicado que los recursos por unos 35.000 millones de pesos (unos 17,5 millones de dólares) estarán disponibles la próxima semana.
Pero la Registraduría dijo que con tan poco tiempo disponible es imposible organizar la consulta para la fecha prevista.
La autoridad electoral no indicó una nueva fecha para la consulta sobre el mandato del alcalde Petro, el segundo funcionario más importante de elección popular de Colombia luego del presidente de la República, por ser Bogotá la mayor ciudad del país.
El secretario de gobierno de la alcaldía de Bogotá Guillermo Jaramillo dijo en un mensaje en su cuenta de Twitter que el aplazamiento era una trampa y que legalmente no se puede postergar una revocatoria ya pautada.
Desde hace ya más de dos semanas, Petro lleva una campaña por el “no” en la consulta, en la que se requiere una participación de al menos 1,2 millón de capitalinos y la revocatoria debe ser aprobada por la mitad más uno de esos votantes.
Petro, un ex senador, de 53 años, con un pasado de militancia en la ya pacificada guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19), mantiene una batalla legal desde que el pasado 13 de enero la Procuraduría General ratificara su fallo de destituirlo del cargo y prohibirle hacer política por 15 años debido a faltas administrativas contra la libre empresa y competencia al decretar un cambio en el sistema de recolección de basuras de la ciudad en diciembre del 2012 y cuando la ciudad por tres días fue un reguero de bolsas de desechos. Petro, que considera que el dictamen de la Procuraduría viola derechos como el voto popular, asumió el cargo el primero de enero del 2012 y por cuatro años.
Ese fallo de destitución debe ser ejecutada por decreto por el presidente Juan Manuel Santos, que ha dicho que por normas locales debe seguir la disposición de la Procuraduría, pero que espera que los distintos recursos y apelaciones se resuelvan antes.